En la misma operación se ha detenido, además, a siete empleados de esos clubes (un hombre y seis mujeres), y se ha denunciado a la administradora de los locales por los delitos de estafa y falsificación documental.
Según la investigación policial, las trabajadoras sexuales se aprovechaban del estado de embriaguez de los clientes para hacer unos cargos por consumiciones que no habían tomado o bien añadiendo un cero al importe a la hora de cobrar mediante el datáfono, con lo que el cliente acababa pagando diez veces el importe adeudado.
La investigación se ha alargado durante meses porque los responsables de los locales han puesto impedimentos, según el comunicado policial, a la hora de aportar las filiaciones de las chicas que estaban con los clientes en el momento de las denuncias, así como de las trabajadoras que realizaban los cobros.
En un principio, tampoco aportaron imágenes de grabaciones del interior de los locales, pero finalmente, a partir de una sanción administrativa por no colaborar con la policía en otro caso, la empresa aportó las imágenes requeridas y las filiaciones reclamadas.
En la mayoría de casos, las víctimas fueron turistas o personas que mantenían una relación estable, por lo que ha sido complicado que denunciasen los hechos, han indicado las mismas fuentes.
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