La Policía Nacional ha detenido a 19 personas en una operación para desarticular dos grupos dedicados a captar a menores rumanas mediante falsas promesas de trabajo. Las traían a España al cumplir la mayoría de edad, para obligarlas a ejercer la prostitución en un macroprostíbulo de la Junquera en Girona.
Las jóvenes eran sometidas a continuas amenazas, palizas e incluso violaciones. Además, estaban permanentemente controladas por los miembros de la organización, los cuales llegaban a utilizar escáneres dactilares que registraban tanto el inicio de la jornada laboral de cada mujer, como cada uno de los servicios sexuales que realizaba.
La Policía ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macroprostíbulo, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios y a los supuestos principales cabecillas de ambas organizaciones entre los 19 detenidos.
También se han registrado 5 domicilios y la sede del club de alterne, donde se han intervenido 101.290 euros, varias armas, entre las que hay dos defensas eléctricas, un rifle con silenciador, una katana y un látigo, 9 vehículos, casi 20.000 resguardos de envío de dinero al extranjero, varios equipos informáticos, 15 teléfonos móviles y joyas.
En torno a esta actividad delictiva, se ha descubierto además un entramado de "sociedad tapadera", utilizada para blanquear parte de los beneficios obtenidos.
Las investigaciones comenzaron hace casi un año a raíz de la denuncia de varias víctimas de la organización en Rumanía, que apuntaban a un ciudadano rumano que captaba a mujeres menores en la zona de Braila en Rumanía, para después trasladarlas a España y obligarlas a ejercer la prostitución.
Por ello, el primero de los grupos desmantelados estaba compuesto por rumanos y asentado en la región de Braila, de la que proceden la mayoría de las víctimas.
En algunos casos, conseguían captar jóvenes que llegaban a sentirse afortunadas por formar parte de ese clan que goza de gran respeto en Rumanía. Cuando ya estaban en nuestro país, los miembros de la organización conseguían doblegar su voluntad violándolas en numerosas ocasiones como "ejercicio de entrenamiento".
El segundo grupo desarticulado regentaba un macroprostíbulo en la Junquera donde las mujeres eran explotadas sexual y laboralmente, permaneciendo en situación de semiesclavitud, obligadas a realizar jornadas de 12 a 14 horas.
El club exigía a las mujeres a pagar 70 euros diarios por mantener "la plaza", incluso los días que no ejercían la prostitución. Pagaban además 5 euros por gastos de electricidad y los preservativos, la comida y el agua también tenían que adquirirlos en el local a precios desorbitados.
Para exprimirlas aún más, la organización había instalado inhibidores de frecuencia para obligar a las mujeres a usar los teléfonos públicos del club y para poder trabajar estaban obligadas a hacerse análisis de sangre mensualmente, en un laboratorio elegido por la dirección del prostíbulo, pero pagado por ellas.
Además de las 19 detenciones, se ha concedido la entrega de otros dos miembros de la red que se encuentran en Rumanía y han resultado imputadas cinco personas jurídicas.
