Unos jóvenes que celebraban una fiesta ilegal en un piso turístico en Madrid han denunciado que la Policía irrumpió en la vivienda derribando la puerta sin contar con una orden judicial.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 21 de marzo, en un piso turístico de la calle Lagasca, en el barrio de Salamanca. En torno a las 01:00 horas, los agentes llegaron al lugar, donde una joven se negaba a abrirles la puerta, tal y como recoge el vídeo que acompaña estas líneas.
La chica argumentaba que los agentes no podían entrar en el domicilio sin una orden judicial y les pidió su número de identificación. La Policía, por su parte, avisaba desde el otro lado de la puerta de que, si no les abrían, entrarían "por la fuerza".
Finalmente, los agentes cumplieron su amenaza, tirando la puerta abajo con un ariete. Una intervención que el atestado policial justifica por un delito de desobediencia grave y de resistencia a la autoridad por parte de los jóvenes, avalada por el juez de guardia.
José Alberto Negri, portavoz del sindicato de Policía CEP, defiende que se estaba produciendo un delito de "desobediencia grave" y "una serie de circunstancias que a juicio y a criterio de los funcionarios actuantes avalan esa actuación".
Sin embargo, el abogado de los detenidos, Juan Gonzalo Ospina sostiene que los agentes se extralimitaron. "Si se estaba cometiendo un delito lo que tenía que haber hecho la Policía es acudir a los Juzgados de Plaza Castilla, juzgados de guardia, 24 horas, y pedirle a un juez un auto para entrar en el domicilio", afirma el letrado.
Según el artículo 18 de la Constitución, los domicilios son inviolables y solo se puede entrar en ellos en algunos supuestos, si hay un delito flagrante, lo cual, en opinión de algunos abogados, no ocurría en este caso. En este sentido, el abogado Ignacio Sanz Cabrejas apunta que "ni un juez hubiera autorizado esa entrada en el domicilio ni tampoco se justifica la entrada basándose en la existencia de un delito flagrante".
En la vivienda turística donde se produjo el suceso, las fiestas ilegales se repiten constantemente, según denuncian los vecinos. "La noche anterior a los hechos, la Policía llegó dos veces", afirma uno de ellos. En cualquier caso, según los juristas no existe obligación de abrir la puerta, pero sí de identificarse cuando lo requieran los agentes.