Robaban bolsos, mochilas y carteras en el metro y vendían la documentación que había dentro para cometer estafas con ella. Así actuaba una organización criminal de carteristas ahora desmantelada por la Policía Nacional, una red que además captaba a personas toxicómanas y las caracterizaba para hacerlas pasar por las víctimas y así sacar efectivo o pedir créditos en su nombre.

El cuerpo policial ha informado este miércoles de la desarticulación del entramado, en una operación realizada el pasado mes de enero y que se saldó con 50 detenidos. Los integrantes de esta organización delictiva sustraían efectos personales en el suburbano madrileño para posteriormente cometer estafas masivas, falsedades documentales y blanqueo de capitales, entre otros delitos. De esta forma llegaron a causar un perjuicio total cercano a los tres millones de euros.

La investigación se remonta al verano de 2022, a raíz de numerosos hurtos que se estaban cometiendo en la red del suburbano y cuyas víctimas además volvían a denunciar después nuevos hechos delictivos en los que se utilizaba la documentación robada: estafas masivas, falsedad documental, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, hurtos o usurpaciones de estado civil.

Un entramado con varios escalones

A lo largo de dos años de investigación, la Policía descubrió la existencia de una organización criminal compuesta por diferentes escalones y capitaneada por dos cabecillas, uno de los cuales la dirigía en Madrid y el otro fuera. Por debajo de ellos, había un segundo escalón formado por dos bloques: suministradores y coordinadores.

Los primeros tenían la misión de adquirir documentación sustraída en el transporte público: primero se adueñaban de los objetos de valor y utilizaban las tarjetas para hacer pagos contactless antes de que fueran anuladas. Después, la documentación robada era entregada previo pago al bloque de coordinadores.

Estos últimos reclutaban a personas toxicómanas -que conformaban el grupo de usurpadores- y las caracterizaban para parecerse a los legítimos dueños de la documentación robada, usando accesorios como gafas o gorras. Después, les acompañaban a entidades financieras para sacar efectivo o pedir créditos haciéndose pasar por las víctimas. A estos 'usurpadores' les pagaban con dinero en efectivo o directamente en drogas.

Para la organización, el valor de las tarjetas bancarias variaba según el lugar donde hubieran sido sustraídas, ya que suponían que podían disponer de mayor liquidez en zonas acomodadas de la capital. Además, pagaban mejor la documentación de mujeres, porque era más fácil buscar usurpadoras y caracterizarlas para parecerse a las víctimas.

Los agentes constataron la existencia de otros dos escalones de la organización: uno de logística, compuesto por dos mujeres cuya misión era blanquear el dinero y vender a través de redes sociales los productos comprados por los miembros del grupo, y un tercer escalón formado por los financiadores, dedicados a conseguir y suministrar los estupefacientes para pagar a los usurpadores.

La investigación culminó el pasado mes de enero con medio centenar de detenciones y tres registros en los que se recuperaron numerosos efectos personales, dinero en efectivo e identificaciones utilizadas en los delitos. Además, en un parque se encontraron varios zulos donde se halló gran parte de la documentación robada.

Hasta 50 individuos fueron detenidos acusados de blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, delito contra la salud pública, hurto, estafa, trata de seres humanos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Seis de ellos, los principales responsables, están ya en prisión.

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