La Comisión Europea ha anunciado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la persistencia de vertederos ilegales en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
El Ejecutivo comunitario explica en un comunicado que, pese a sus advertencias, España no ha tomado las medidas necesarias para subsanar el problema de la insuficiente gestión a las que se someten los residuos en estas comunidades autónomas.
Bruselas recuerda que según la normativa comunitaria en materia de residuos los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La CE abrió el procedimiento contra España en marzo de 2007 tras haber detectado una serie de "vertederos ilegales" y emitió en octubre de 2008 un dictamen motivado, segundo paso de ese procedimiento comunitario de infracción.
España prometió cerrar y recuperar esos vertederos antes de finales de 2011. Ante la falta de progresos, Bruselas emitió en septiembre de 2014 un dictamen motivado complementario por el que se instaba al país a dar el tratamiento adecuado a 63 vertederos incontrolados que pese a no estar en funcionamiento seguían constituyendo una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
En vista de que a mediados de 2015 España seguía sin proyectar, aprobar o iniciar la mayor parte de las obras necesarias para la clausura, sellado y restauración de 61 de esos vertederos, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE con objeto de forzarla a acelerar el proceso.
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