El Senado ha aprobado definitivamente la ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Un delito estará penado con tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

La Cámara Alta dio luz verde este miércoles, con 154 votos a favor frente a los 105 en contra de PP y Vox, al dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley del PSOE que incorpora un nuevo artículo al Código Penal (el 172 quater), de forma que quienes se concentren a las puertas de las clínicas abortivas y hostiguen y coarten la libertad de las mujeres estarán cometiendo un delito.

La norma culmina así su tramitación parlamentaria, ya que en su paso por el Senado no ha experimentado ningún cambio respecto al texto al que dio luz verde el Congreso, al ser rechazados los vetos de VOX y PP y las enmiendas de este último grupo, además de las del grupo vasco y ERC-Bildu.

En el debate parlamentario, Vox y PP defendieron sus vetos esgrimiendo los mismos argumentos que ya dieron en el Congreso y es que, a su juicio, esta reforma del Código Penal va en contra de los derechos de expresión y reunión, además, ambos grupos han mantenido que las personas que se reúnen a las puertas de estas clínicas lo hacen para rezar y ayudar a las mujeres, y no para hostigar ni acosarlas.

Los vetos y posturas de ambos grupos fueron rechazados por la mayoría del Senado porque, en palabras de la senadora socialista Donelia Roldán, los grupos de personas que dicen que van a rezar a esas clínicas lo que hacen es "insultar y en muchos casos entregar ataúdes con niños, llamar asesinas a las mujeres" y darles "falsas" informaciones "invadiendo su espacio privado en momentos muy difíciles".

En la misma línea se pronunció el senador vasco Imanol Landa, el de Geroa Bai Koldo Martínez, y la del grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu Sara Bailac, que apoyó la ley "para garantizar y consolidar los derechos de las mujeres".

Fue el pasado 21 de septiembre cuando el Pleno del Congreso acordó la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para añadir un nuevo precepto en el Código Penal y castigar el acoso a las puertas de estas clínicas. Vox y PP se opusieron y presentaron sendos vetos que fueron rechazados con lo que la iniciativa siguió con su tramitación.

En su paso por la Cámara Baja, se incorporaron enmiendas para que las penas se extiendan también a quienes acosen a los sanitarios y directivos de las clínicas, así como al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos. Para que se inicie el procedimiento, será necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), cada año se registran más de un centenar de casos de acoso ante estos centros.

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