Este año también se han
dado pasos para mejorar la cuantía de la pensión de orfandad para este tipo de
víctimas, pero sigue sin convertirse en una realidad. Recientemente el Congreso
de los Diputados aprobó la Ley de mejora de la pensión de orfandad para los
hijos e hijas víctimas de violencia machista, una propuesta que presentó el
PSOE en la Cámara baja en marzo de 2017.
Recibió luz verde y
ahora se encuentra en su fase de tramitación en el Senado, aunque el PSOE ha
denunciado las "trabas" que el PP está poniendo para su aprobación.
La Ley para mejorar las
pensiones de orfandad persigue el objetivo de reconocer el derecho de todos los
huérfanos de la violencia de género a cobrar una pensión de orfandad por encima
de los 600 euros, aunque sus madres no hayan cotizado a la Seguridad Social.
Son más de 200 los
menores huérfanos por este tipo de violencia contabilizados desde el año 2013.
De acuerdo a los datos oficiales, este año han sido asesinadas por violencia de
género al menos 47 mujeres que han dejado huérfanos a 39 menores de edad. En
2017, fueron 51 las asesinadas y 26 los menores huérfanos; y el 2016 terminó
con 49 víctimas mortales y 29 menores huérfanos.
En el periodo 2013-2018,
el año 2015 ha sido el año con mayor número de asesinadas (60) y también de
huérfanos (51). En 2014 fueron asesinadas 55 mujeres que dejaron a 43 menores
huérfanos; y en 2013 se contabilizaron 54 víctimas mortales y 42 huérfanos.
A la espera de la
aprobación definitiva de la ley que mejora sus pensiones, la realidad es que
reciben una pensión que apenas supera los 200 euros mensuales en el mejor de
los casos, según han denunciado de forma reiterada desde el Fondo de Becas
Fiscal Soledad Cazorla, gestionado por la Fundación Mujeres y fundado por
Joaquín Tagar, el viudo de la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia
sobre la Mujer, Soledad Cazorla Prieto.
Tagar confiesa que ha
pedido a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo,
"que presione" para que se apruebe cuanto antes, y sostiene que le
hubiera gustado que estos niños y niñas hubieran podido empezar a cobrar a partir
del 1 de enero de 2019.
Tagar explica que
"la mayoría" no cobran "nada" y los que cobran
"algo" es la pensión no contributiva, de 140 a 190 euros. Además,
denuncia que al solicitar a la Seguridad Social a este pago al que tienen
"derecho", se les emplaza a acudir a la vía judicial. "Esto
significa buscar procurador, abogado, y estas familias no tienen dinero para
eso", exclama.
Sobre la ley que mejora
las pensiones de orfandad, afirma que hubiese preferido que la pensión formara
parte del sistema de cotización de la Seguridad Social, pero insiste en que
"lo que urge es atender a las familias" de las víctimas mortales de
violencia de género.
A falta de que se
apruebe de manera definitiva, Tagar avisa de que la percepción de esta pensión
de orfandad pueden traer un "problema" a las familias que acogen a
los huérfanos. "Imagínate: si te quedas con dos hijos, cobrarás 1.200
euros que tienes que incluir en la declaración de la renta", apunta,
reclamando que esta percepción esté exenta de tributación.
En esta misma línea se
ha pronunciado la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que insiste
en que al ser una pensión de orfandad está dirigida al menor y debe ser
"independiente" de la renta de la familia, por lo que "debería
estar exenta de impuestos".
Asimismo, destaca que
"ya hay legislación en España" en materia tributaria acerca de que
las indemnizaciones y percepciones de víctimas están "exentas de
impuestos". Así, incide en que la fiscalidad de las ayudas de reparación del
daño "tiene que ser cero".
Soleto ve
"mejorable" el planteamiento de la ley sobre las pensiones de
orfandad -como que sea una pensión no contributiva, agrega-, pero recalca
"que, al menos, es la garantía de que nadie se queda sin nada".
En este sentido, lamenta
que actualmente muchos hijos de mujeres asesinadas siendo jóvenes se quedan
"sin ningún tipo de pensión" por no haber cotización suficiente.
"Eso es intolerable", agrega.
A su juicio, se está
"tardando" mucho en debatir sobre la situación de estos menores que
"merecen" esta indemnización de reparación del daño para
"garantizar los recursos económicos a lo largo de la vida del menor".
Por otro lado, Joaquín
Tagar también considera que es una prioridad el desarrollo de un protocolo de
actuación para las familias tras el asesinato. "Las familias no saben adónde
dirigirse, las administraciones a las que acuden no saben qué hacer con
ellas", denuncia, reclamando a Justicia un protocolo para que la oficina
de víctimas haga un protocolo con los pasos a seguir desde que se comete el
asesinato.