Una victoria ecologista a medias
El Algarrobico sigue en pie: se cumplen 20 años de la victoria histórica del ecologismo que se convirtió en la promesa eternamente incumplida
El contexto Construido a partir de 1999 y paralizado judicialmente en 2006, el complejo nunca llegó a abrir sus puertas gracias a que varias organizaciones ecologistas consiguieron que se declarase ilegal. Sin embargo, la demolición lleva dos décadas esperando.
Resumen IA supervisado
El hotel de El Algarrobico, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es un emblema del urbanismo ilegal en España. Desde su construcción en 1999 y su paralización en 2006, el complejo permanece cerrado, acumulando sentencias que lo declaran ilegal por invadir un espacio protegido. Aunque el Tribunal Supremo ha dictaminado que el suelo es intocable, las licencias de obra originales siguen vigentes. La Justicia ordenó revisarlas, pero el Ayuntamiento de Carboneras no ha completado el proceso. Mientras tanto, la expropiación de los terrenos se enfrenta a una disputa económica, con la constructora exigiendo una indemnización millonaria.
* Resumen supervisado por periodistas.
Era una aberración urbanística, pero nadie se atrevió a tirarlo abajo. El hotel El Algarrobico, situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), cumple dos décadas como símbolo del urbanismo ilegal en España sin que su demolición se haya materializado.
Construido a partir de 1999 y paralizado judicialmente en 2006, el complejo nunca llegó a abrir sus puertas. Desde entonces, y gracias a la lucha de diversas organizaciones ecologistas, acumula decenas de sentencias que lo declaran abiertamente ilegal, especialmente por invadir la franja protegida del litoral y ubicarse en un espacio natural protegido.
Con el paso de los años, el hotel se ha convertido en un gigante de ladrillo en ruinas. La batalla jurídica se ha saldado con 14 sentencias del Tribunal Supremo que dejan un mensaje claro: el suelo es intocable. Pero el lío administrativo continúa, ya que las licencias de obra aprobadas en su día por el Ayuntamiento de Carboneras siguen vigentes.
La Justicia ordenó hace 4 años revisarlas, pero el Consistorio, de momento, no ha enviado toda la documentación necesaria para anularlas. Mientras eso se resuelve, el Gobierno ya puede expropiar los terrenos y cumplir una promesa que lleva dos décadas de retraso.
"En el plazo de cinco meses podemos proceder a la demolición a este monumento a la degradación medioambiental", aseguró hace un año la vicepresidenta María Jesús Montero.
Sin embargo, otro frente judicial abierto impide ejecutar la demolición, al menos por ahora. La constructora reclama una indemnización de 44 millones y medio de euros por los terrenos, mientras que la Administración ofrece poco más de 16.000. Será el Jurado Provincial de Expropiación quien fije el precio a pagar.
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