La titular del Juzgado de Familia ha confirmado el intercambio de dos bebés, en el año 2002, en el antiguo Hospital San Millán, una vez que se ha recibido la prueba de ADN de uno de los padres, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de una información adelantada por diario 'La Rioja'.
Los hechos, sucedieron en el año 2002, en el ahora derruido Hospital San Millán, cuando dos niñas llegaron al mundo con cinco horas de diferencia y, cada una de ellas, fue entregada a la familia de la otra tras pasar por la incubadora.
Por ello, una de ellas reclamó a la Consejería de Salud, dependiente del Gobierno riojano, tres millones de euros por el "error humano", en palabras que indicó, el pasado 7 de septiembre, la consejera, Sara Alba, que supuso un 'intercambio de bebés' por la que la demandante fue entregada a una madre que no era la suya.
La ahora demandante nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por la teórica abuela (en realidad abuela de la otra niña) que consiguió su tutela.
En el año 2017 la abuela quiso presentar una demanda de alimentos al padre al que había sido entregada y una prueba genética sacó a la luz que realmente no lo era. Posteriormente se descubrió que tampoco era hija biológica de la madre a la que había sido entregada.
Además, salió a la luz que el grupo sanguíneo que tenía asignado en su historia clínica era erróneo. El letrado de la demandante instó a que se le otorgara el beneficio de la mayoría de edad y, con esta condición, se dirigió a la Inspección Médica de la Dirección General de Asistencia, Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud pidiendo su identificación.
Inspección abrió una investigación con un abanico de niños que determinó que la confusión sólo podía haberse dado con la otra niña, que nació con cinco horas de diferencia y con la que tiene el grupo sanguíneo cambiado. Otra "anomalía" que se encontró fue el seguimiento del peso, que no cuadraba.
"El Ministerio Fiscal, que vela por el orden público, inició un procedimiento de filiación y, en enero del 2021, la jueza volvió a pedir un nuevo informe genético pero, casi nueve meses después, aún no se tienen las pruebas", relató el letrado.
A la vez, el despacho de abogados de la demandante inició una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por daños morales reclamando una indemnización de más de tres millones de euros, frente a los 215.000 euros que ofrece Salud.
Esto último está parado a expensas de las pruebas genéticas, que ya se han conocido, y que han demostrado, como señaló en su día el abogado que había "hechos elocuentes que demuestran que el cambio se ha producido".
Finalmente, desde el TSJR se ha apuntado, no obstante, que "la juez de Familia no ha modificado la filiación de la otra niña porque ni ella como interesada ni quien está inscrito en el Registro Civil como su padre, sea el biológico o no, lo han solicitado". Ha recordado que "la interesada tiene legitimidad para solicitar un cambio en su filiación, si así lo considera, ya que alcanzó la mayoría de edad poco después de iniciarse este procedimiento judicial".
