laSexta ha tenido acceso a dos autos de juez que investiga el caso 'Tándem', la causa en la que es protagonista el excomisario Villarejo. En ellos, el juez María Castellón afirma que, a través de su compañero de celda en la cárcel de Estremera, el también abogado Alfonso Pazos, Villarejo intentó traficar con secretos de Estado.
Ese cariz secreto no habría sido un impedimento para que, "como principal cabecilla de la organización criminal", los ofreciera y difundiera a terceros, en ocasiones "a cambio de un precio", a través de un grupo de personas. Y añade que estos hechos son constitutivos de delitos de naturaleza grave como son el de descubrimiento y revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cometidos en el ámbito de la organización criminal.
El excomisario le llegó a entregar documentación a Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, y también tenía una cita con el letrado Miguel Durán, que ha defendido a varios de los miembros de la red de corrupción Gürtel.
Además, en los registros que se produjeron el pasado mes de octubre, tanto en la cárcel de Estremera como en el domicilio de Villarejo, se encontraron hasta 200 archivos diferentes que, según el magistrado, estarían sujetos a la ley de Secretos Oficiales porque podrían afectar a la seguridad nacional.
El propio Gonzálo Boye ha reconocido a laSexta que el abogado Alfonso Pazos se puso en contacto con él y le entregó esta documentación, aunque le dijo que se trataba de "un índice de temas que podían constituir un guion para una serie de televisión".
Asegura que en ningún momento pensó que podían tratarse de secretos de Estado y que tampoco le pidieron dinero por obtener dicha información. Además, insiste en que según recibió toda esa información la tiró a la basura.
Durante estos meses el esfuerzo de este Juzgado Central de Instrucción número 6 se ha enfocado en conocer qué documentos se difundieron, quienes los movieron y a qué personas les llegaron.
La misión era "impedir que la organización criminal pudiera obtener un ilícito lucro económico y su máximo responsable, en prisión provisional, pudiera chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible".