La resolución de la Universidad malagueña se deriva del expediente informativo que incoó esta institución el pasado 21 de noviembre para aclarar si Errejón incumplió sus obligaciones laborales y si vulneró la Ley de Incompatibilidades al participar en un proyecto de investigación. La decisión de ahora agota la vía administrativa, aunque se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la rectora, Adelaida de la Calle, que firma el documento, o un recurso contencioso-administrativo.

El expediente informativo pretendía comprobar si Errejón estaba en su puesto de trabajo y durante su desarrollo se han reunido indicios de comportamientos que no se ajustarían a lo acordado. El contrato estipula que debía estar 40 horas semanales trabajando en la Universidad, por lo que percibe 1.825 euros al mes. En el caso del profesor colaborador Alberto Montero, la apertura del expediente está relacionada con su obligación de supervisar y controlar el cumplimiento de la tarea como responsable del proyecto.

Antes de hacerse efectiva la medida cautelar de la suspensión de empleo y sueldo de Errejón, contratado en régimen laboral hasta el 16 de diciembre como investigador externo, pueden alegar lo que consideren oportuno tanto él como el comité de empresa en un plazo de diez días. La apertura del expediente disciplinario persigue esclarecer los hechos denunciados y la determinación del alcance de los mismos.

El expediente informativo se abrió en su día en relación con el cumplimiento del contrato laboral suscrito por Errejón con cargo al contrato de servicios suscrito por la Universidad con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, para el proyecto investigador.

Ese proyecto de I+D+i se denomina 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', Montero solicitó su elaboración en una convocatoria de la Consejería y le fue concedida. El proyecto preveía contratar un investigador externo y la Universidad de Málaga lo hizo a través de una convocatoria pública, para lo que fijó un perfil que exigía -entre otros requisitos- ser doctor en Ciencias Políticas y a la que únicamente concurrió Íñigo Errejón, que ganó el contrato en marzo pasado.

Alberto Montero presentó ante la Consejería de Fomento, financiadora del proyecto, informes periódicos trimestrales de los resultados y en septiembre comunicó a la Universidad que Errejón no podría seguir desempeñando su labor como contratado, por lo que solicitó que se volviera a convocar su plaza. La Universidad malagueña lo hizo el 8 de octubre en una convocatoria hasta el 22 de octubre, pero no concurrió nadie. La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, llegó a asegurar en su día que Errejón tendrá que devolver el dinero que ha recibido para una tarea de investigación "si no ha trabajado o actuado correctamente".