Crece la escalada verbal por el conflicto de Gibraltar. El Gobierno del peñón acusa al español de lanzar "amenazas retrógradas" y compara su actitud con la de Franco. Es la respuesta a los avisos que lanzó ayer el ministro Margallo, quien incluso abrió la puerta a cobrar 50 euros a cada pesona que entre y salga de Gibraltar.
El primer ministro David Cameron ya ha mostrado su preocupación por como está evolucionando la situación y acerca de las medidas propuestas por el gobierno español hace un par de semanas. Preocupación también en las calles, donde más de 8.000 vecinos de la Línea de la Concepción pasan controles exhaustivos y esperan largas colas para acudir a su puesto de trabajo. Además, temen que la venganza del Gobierno del peñón y de sus empresas sea el despido.
Las consecuencias son para los ciudadanos tanto de un lado como del otro de la verja. Raquel López,se aburre en su tienda porque la mayoría de sus clientes de Gibraltar han dejado de ir. "Tenemos muchas menos ventas y con el follón de las colas pues la gente no viene", ha declarado. Lo mismo ocurre en una de las cafeterías de la Línea. "Desde hace dos semanas hemos notado una reducción en el número de clientes porque dicen que no merece la pena esperar las colas", ha declarado el propietario.
Los comerciantes de La Línea, una vez más se sienten cabeza de turco. Y no son los únicos. En Gibraltar hay al menos 6.000 trabajadores linenses cuya situación depende de una batalla política con la que no se identifican. La alcaldesa de la poblacíon Gema Araújo ha declarado: "Quien más pierde es la Línea. Más de 8.000 padres de familia trabajan en el peñón, si hacemos cuentas son más de 25.000 afectados por esta situación". Solo los controles exahustivos ponen en la cuerda floja la situación de esos trabajadores, en muchos casos en manos de la paciencia de sus jefes.
La tensión política ha producido, en definitiva, que el turismo se resienta y que el consumo se desplome.