Quim Torra va a recurrir su inhabilitación al Tribunal Supremo, que lo ha condenado por desobediencia, por no cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.: "A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas", ha dicho el president de la Generalitat en una comparecencia en la que ha estado respaldado por su Govern.

"Solo puede (inhabilitarme) el Parlament de Cataluña. Es por eso que he pedido a los grupos parlamentarios que me ofrecieron su apoyo -y aquellos grupos que quieran oponerse a la represión y la utilización de la justicia para hacer política- que lo expresen así en una votación en el Parlamento".

Según ha dicho, "el Estado español persigue, reprime y pretende quitar y poner presidentes en Cataluña" y a su juicio, es una "sentencia política con el objetivo de inhabilitarme e intervenir en Cataluña". Cree que su condena era previsible y que "estaba escrita antes de juzgarme".

"A mí no me inhabilitan tribunales politizados; solo puede hacerlo el Parlament de Cataluña".

Torra ha asegurado que es un proceso "lleno de irregularidades, impulsado por una Fiscalía convertida en garante de los intereses del Gobierno español, que pretende cambiar un presidente elegido por los representantes de millones de catalanes".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Quim Torra a un año y seis meses de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros en total, por un delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos y las pancartas en apoyo a los independentistas presos de la fachada del edificio de la Generalitat, como así le solicitó la Junta Electoral Central (JEC) en los comicios del 28A.

Su inhabilitación no es inmediata, ya que, como acaba de confirmar el propio Torra, va a recurrirla ante el Tribunal Supremo.

Los argumentos del tribunal

El escrito judicial apunta que "el mandato de la Junta Electoral Central no fue atendido por su destinatario, que no solo no ordenó la retirada en las fachadas de los edificios dependientes de la Generalitat de los lazos amarillos y de las banderas esteladas en el plazo establecido, sino que llegó a decidir (o consentir), en algunos casos, su sustitución por otro lazos blancos y cruzados por una raya roja".

En cuanto al argumento que dio Torra durante el juicio, considerando que la JEC no es una autoridad superior a la presidencia de la Generalitat, el tribunal ha destacado que "Cataluña no cuenta con una ley electoral propia", por lo que "las reclamaciones de contenido electoral respecto de actos que afecten al territorio de de una provincia deben resolverse, necesariamente, por la Junta Electoral Central".

"No solo no ordenó la retirada de los lazos, sino que fueron sustituidos por otros", dice la sentencia

El tribunal también ha destacado en la sentencia "la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad", así como que el dirigente de Junts per Cat hizo "un alarde público del hecho desobediente", así como

Torra reconoció que no cumplió la orden

Quim Torra reconoció ante el juez que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque, según él, era "ilegal" y de "imposible" cumplimiento": "Sí, la desobedecí".

"No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia", dijo.

Antes, su defensa pidió la nulidad de la causa, al cuestionar la imparcialidad de la instrucción y del tribunal, y que en caso de que el juicio siguiera adelante, solicitó que se suspendiera para que testificaran miembros de la JEC.