El Gobierno no va a fijar un límite máximo a los alquileres. El texto del decreto sigue negociándose. Según el borrador, la administración central crearía en ocho meses un índice de precios. Sería solo una referencia que deja en manos de las Comunidades Autónomas.
El índice se calcularía, principalmente, con las fianzas depositadas. Tendría en cuenta barrio a barrio y las rentas medias. El PP dice que se trata de un 'decretazo' más de Pedro Sánchez. "Es propaganda electoral. Tiene visos de inconstitucionalidad porque es intervenir el mercado libre", ha asegurado Ana Zurita, portavoz de Vivienda del PP.
El borrador apunta a una mayor protección de los inquilinos; por ejemplo, en caso de desahucio: limita los avales y podría incluir incentivos fiscales para los arrendatarios. Para aprobarlo, el Gobierno socialista necesita al PNV, que está por cerrarlo. "Hay que darle muchas vueltas", se ha limitado a decir el portavoz del partido en el Congreso, Aitor esteban.
Sánchez también necesita al PDeCAT. "Tenemos el compromiso del Gobierno sobre los incentivos fiscales y contarán con nuestro apoyo", ha afirmado Carles Campuzano, diputado de la formación catalana en la cámara. A Podemos no le gustan esos incentivos fiscales y echan en falta que no se incluya un tope máximo de alquiler y que el decreto no se aplique a los contratos vigentes.
"Faltan cuestiones esenciales para pinchar la burbuja del alquiler. En cualquier caso, las mejoras sobre el decreto anterior hace que estemos en disposición de convalidarlo", ha precisado Rafael Mayoral, diputado de la formación morada. El nuevo decreto sí limitaría cuánto se puede subir el alquiler: Revisión anual según el IPC. Además, el contrato mínimo pasaría de tres años a cinco o siete dependiendo de si el arrendatario es persona física o empresa.