El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que estaba prevista para el 10 de junio. En su escrito, los magistrados, que han tomado dicha decisión de forma unánime, aluden entre otros factores al hecho "de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975", lo que "atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar".
Sorprenden las consideraciones del Tribunal Supremo a este respecto, pues estaría dando validez al nombramiento de Franco como jefe del Estado el 1 de octubre de 1936 por parte de la Junta de Defensa Nacional, sólo tres meses después del estallido de la Guerra Civil, cuando todavía existía un gobierno y una presidencia en la II República amparado por la Constitución de 1931.
La Junta de Defensa Nacional se creó el 24 de julio del 36 (su constitución se hizo pública el día 25 mediante decreto) justo una semana después del fallido intento de golpe de Estado, con el objetivo de asumir el control ejecutivo de los territorios gobernados por los golpistas. Así, funcionaba como una suerte de gobierno alternativo al republicano en la zona conquistada durante los años de contienda.
Con el avance de la guerra en España y la necesidad de una organización más efectiva entre los franquistas, los cabecillas del Ejército sublevado se reunieron el 28 de septiembre para valorar el nombramiento de un jefe del Estado. Se puso sobre la mesa el nombre de Franco, que días atrás había sido designado 'Generalísimo'.
Tras numerosas dudas y encontronazos sobre la elección del dictador, se decidió finalmente que Franco se convirtiera en "Jefe del Gobierno del Estado mientras dure la guerra", que posteriormente se cambió poco después por otra expresión muy distinta: "Quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado".
El Supremo paraliza de forma cautelar la exhumación de los restos de Franco
Así, Franco fue investido Jefe del Estado el 1 de octubre en la Capitanía General de Burgos. Allí, el general Miguel Cabanellas Ferrer, uno de los cabecillas de la sublevación franquista, cedió a Franco los poderes de la Junta Nacional de Defensa, que hasta entonces él detentaba, pero no reconoció a Franco como "Jefe del Gobierno del Estado Español", tal y como exponía el decreto, sino como "jefe del Estado español"; cambio que también se dio poco después en el mismo decreto. Este acto solo tuvo en aquel momento la legitimidad que le quiso dar el propio bando golpista. Esto es, como mucho, Franco era jefe de Estado sólo sobre los territorios controlados por los suyos.
La razón: cuando tuvo lugar la designación de Franco como jefe del Estado, la II República aún estaba presidida por Manuel Azaña y el Gobierno seguía dirigido por Largo Caballero, puesto en marcha en septiembre de 1936 y que vio su fin el 17 de mayo de 1937 tras su dimisión. A diferencia del nombramiento de Franco por parte de la Junta Nacional de Defensa, tanto la presidencia de Azaña como el Gobierno sí estaban amparados por la Constitución de 1931, aprobada tras las elecciones generales de ese mismo año.
El hecho es que Azaña se mantuvo activo en la presidencia hasta el 27 de febrero de 1939. Es en esta fecha donde numerosos historiadores plantean la posibilidad de que Franco ejerciera realmente su cargo como jefe de Estado en todo el territorio, dado que fue el momento en que la Segunda República perdió el reconocimiento de otras potencias extranjeras. No sólo los únicos que ponen en cuestión el planteamiento expuesto por el Supremo en el auto sobre la exhumación de Franco.
Jueces y Juezas para la Democracia tachan de "insólita" dicha resolución "por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación", más allá que la de un nombramiento surgido según denuncian, "de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época".