La exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos tendrá que esperar. Estaba previsto que se iniciaran los trabajos el lunes 10, pero este martes, a solo seis días de la fecha marcada por el Gobierno de Sánchez, el Tribunal Supremo ha acordado su paralización cautelar.

La decisión, tomada por unanimidad, deja en suspenso la exhumación hasta que se resuelva el fondo del recurso presentado por la familia del dictador y otros tres recurrentes. El Supremo quiere evitar así el perjuicio si "exhumados los restos se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos" al Valle.

El Supremo dice que este caso reviste "rasgos especiales que no se pueden ignorar" por el hecho de que fuera jefe de Estado.

En su auto añade además que este caso reviste rasgos especiales "por el hecho de que fuera jefe del Estado entre el 1 de octubre de 1936 -esa es la fecha que establece el Supremo- hasta el 20 de noviembre de 1975", cuando falleció, "y esto atribuye a la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar".

Los planes del Gobierno

Desde el Gobierno aseguran que no es ninguna tragedia y recuerdan que la suspensión cautelar implica que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que, en los próximos meses, se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

El Gobierno confía en seguir adelante con la exhumación cuando se resuelvan por completo los recursos.

"No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de una parte", dicen en Moncloa. Creen que el Tribunal, el cualquier caso, no prejuzga nada sobre la decisión final. E insisten en que han sido muy garantistas.

Una promesa de Sánchez

Sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos era una de las promesas de Pedro Sánchez que hizo nada más llegar a Moncloa. El proceso se inició en el verano de 2018, con un real decreto que prohíbe "que en el Valle de los Caídos esté enterrado nadie que no fuera víctima de la guerra civil", según explicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que enmarcó todo el proceso en una "decisión de Estado" y una "responsabilidad histórica".

El proceso administrativo para llegar ahí duro meses y, según la ministra fue "difícil" pero "escrupuloso" y ejecutado "con todas las garantías" para respetar los derechos de todos los interesados, no solo los familiares de Franco.

El proceso para la exhumación de Franco empezó en verano de 2018, tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.

No obstante, la Fundación Francisco Franco anunció un recurso ante "el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" para que los tribunales impidiesen una "tropelía" que el Gobierno "alza como victoria" y solo aumenta "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles", según explicaron.

Traslado a El Pardo

El Gobierno dio a la familia la posibilidad de elegir el lugar a donde serían trasladados los restos del dictador. Los nietos optaron por la cripta de la Catedral de la Almudena, pero desde el Ejecutivo se descartó por una razón de orden público y porque se incumpliría la Ley de la Memoria Histórica, según explicó la vicepresidenta Carmen Calvo.

El Ejecutivo descartó su traslado a la Almudena por razones de orden público y eligió el Panteón de El Pardo.

Transcurrido el tiempo sin que la familia propusiera un lugar alternativo, el Ejecutivo decidió la fecha y el lugar. El 10 de junio, por la mañana, en el Panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal. Según dijo Calvo, ese lugar reúne las condiciones idóneas de seguridad y es adecuado para recibir con decoro y respeto unos restos mortales. Además, los restos de la esposa del dictador están enterrados allí.

El penúltimo capítulo lo ha escrito este martes el Supremo, al suspender al exhumación de manera cautelar y, por lo tanto, sin nueva fecha a la vista.