El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que regulará la nueva normalidad en España tras superar el plan de desescalada trazado por el Ejecutivo y acabe el estado de alarma, en principio el 21 de junio.
Una de las principales es mantener la obligatoriedad del uso de mascarillas para las personas de 6 años en adelante. Según el borrador, al que ha tenido acceso laSexta, podría haber multas de hasta 100 euros para aquellas personas que no las lleven.
Ese uso obligatorio de las mascarillas también se mantendrá en el transporte público, que adaptará su oferta para que no haya aglomeraciones, quedando exentas de esta obligatoriedad las personas con dificultades respiratorias y/o personas con alguna discapacidad.
También "se establecerán medidas para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles rebrotes" a través de la elaboración de planes de contingencia. El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a disponer, tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días las camas necesarias para responder a incrementos rápidos de casos.
En cuanto a la movilidad, el Ejecutivo no plantea medidas para regular o limitar la movilidad entre territorios, aunque sí que urge a las comunidades autónomas a prepararse para un posible rebrote de coronavirus.
Nueva ley de protección a la infancia
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde hoy a la nueva norma de protección a la infancia, más conocida como 'ley Rhodes'. Una vez entre en vigor, todos los ciudadanos tendrán el deber de denunciar "de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes". Otro punto a destacar es que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años.
Según el texto llevado al Consejo de Ministros al que ha tenido acceso laSexta, se crearán unidades específicas en los cuerpos policiales y se dará formación a jueces y fiscales para el tratamiento de estos casos. También se creará un Registro Central sobre la violencia contra la infancia.
El Gobierno fijará además protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de menores, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de explotación sexual. Y en todos los centros educativos se establecerá la figura del 'coordinador de bienestar y protección', que recogerá todos los casos de acoso escolar.