En un comunicado divulgado por el Ministerio británico de Exteriores se indica que los dos países tienen buenas relaciones en todos los niveles, pero se hace hincapié en que las diferencias no pueden ser resueltas a través de medidas como los retrasos en la frontera.

La nota fue dada a conocer después de que el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmase en una entrevista con el diario ABC que los controles que hace España en la Verja "son legales y va a haber más".

García-Margallo también señaló que el Gobierno español está pensando en "crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir" de Gibraltar, recaudación que consideró vendría muy bien para ayudar a los pescadores españoles. 
Según el Foreign Office, "el primer ministro ha dejado claro que el Gobierno del Reino Unido cumplirá sus compromisos constitucionales con el pueblo de Gibraltar y no comprometerá la soberanía".

"Nuestras diferencias con España sobre Gibraltar serán resueltas por medios políticos a través de nuestra relación como socios de la UE, no a través de medidas desproporcionadas como los retrasos en la frontera que hemos visto en la última semana", añade. 

"Tenemos muchos intereses comunes con España y deseamos continuar teniendo una fuerte relación en todos los niveles con el Gobierno de España", puntualiza el comunicado. 

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido también indica que buscará una explicación de España sobre las informaciones publicadas en el sentido de que Madrid pueda tomar más medidas. Antes, un portavoz del Foreign Office había expresado su "preocupación" por los comentarios de García-Margallo, en relación a las nuevas medidas que estudia España sobre Gibraltar tras las quejas del Peñón por los controles fronterizos.

"Como hemos dicho, no vamos a comprometer nuestra soberanía sobre Gibraltar, ni nuestro compromiso con su pueblo. Continuamos utilizando todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica", añadió el portavoz. Debido a la inquietud por las colas que se forman para entrar y salir del Peñón, el Gobierno británico pidió el viernes a la Embajada de España en Londres explicaciones.

Pocos días antes, las autoridades gibraltareñas enviaron a la Comisión Europea un informe en el que se quejaban de la actuación de España, que, por su parte, denuncia el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas que rodean el Peñón.

Al hablar del origen de la actual situación, García-Margallo se refirió a la legislación medioambiental gibraltareña de la época del anterior ministro principal de Gibraltar Peter Caruana, "cuya única finalidad era impedir que los pescadores españoles pudiesen faenar en esas aguas a la manera tradicional".

"El Reino Unido logró que la UE autorizara declarar las aguas de Gibraltar, unas 5.000 hectáreas, de interés comunitario, aprobando especiales medidas de conservación", recordó García-Margallo.

En los últimos días, García-Margallo ha insistido en recordar que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España.

Londres considera las aguas del Peñón como británicas, pero que España las reconoce como españolas. Gibraltar afirma que tiene jurisdicción sobre tres millas náuticas alrededor del Peñón, algo que no reconoce España, pues en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 solo admite la soberanía gibraltareña sobre las aguas del puerto.