El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido las medidas de "choque, eficaces y operativas" que ha tomado su Ejecutivo para paliar los desahucios pero ha dicho que no se deben "generalizar" ni "conviene improvisar" en este asunto para "no alterar el normal funcionamiento del mercado" cuando la economía mejore. Dicho esto, se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier cambio en ley si es "sensato", "justo" y "razonable".

Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha emplazado a Rajoy a "ponerse en la piel" de las miles familias desahuciadas, que tienen que decir a sus hijos que "unos hombres de negro" vendrán a echarles de su casa.

Tras subrayar que el Comité de Derechos Políticos y Sociales de la ONU dice que los desalojos sin alternativa constituyen una violación flagrante de los derechos humanos, ha indicado que el Código de Buenas Prácticas del Gobierno ha sido "un fracaso total" y ha recalcado que ha sido la "presión social" de las plataformas de afectados y los propios jueces los que han conseguido frenar algunos desahucios. "Han sido necesarios dos suicidios para que finalmente se apruebe ese decreto", se ha quejado.

El diputado de Izquierda Plural ha señalado que los "límites" para impedir desahucios los ha puesto "la banca". "Es la misma banca que amenaza con suprimir el crédito si se modifica la Ley Hipotecaria y que recibe avales públicos por miles de millones de euros de todos los ciudadanos", ha denunciado.

Dicho esto, Lara ha pedido a Rajoy que durante la negociación parlamentaria del decreto permita "la paralización total" de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo, la sustitución de las hipotecas por los alquileres sociales y que cree un parque público de vivienda social con los activos del banco malo.

Rajoy ha recalcado que por "primera vez" en España un Gobierno ha tomado decisiones sobre este problema "tan grave" y ha insistido en que la norma aprobada por el Consejo de Ministros pretende ayudar a las personas "especialmente vulnerables", ya que se paralizan durante dos años los desahucios (si no se supera una renta de 1.597 euros al mes) y se crea un fondo social de viviendas.