No han pasado ni 24 horas desde del acuerdo 'in extremis' alcanzado por el Gobierno y Junts para la aprobación de dos de los tres decretos ley impulsados por el Ejecutivo este miércoles -el laboral de Yolanda Díaz fue tumbado finalmente por Podemos-, pero ya han surgido las primeras contradicciones y dudas en las versiones expuestas por los socialistas y los independentistas catalanes sobre las condiciones pactadas entre ambos para dar pie a las primeras normas de esta legislatura. Había preguntas respecto a cómo se iba a gestionar el traspaso de competencias en materia de migración, así como incoherencias en cuanto a lo que dice Junts que se ha acordado y lo que dice el Gobierno al respecto de la bonificación del transporte.
En lo relacionado al primer caso, este jueves, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado que el acuerdo para traspasar a Cataluña las competencias de migración incluye todas las atribuciones en esta materia que a día de hoy están en manos del Estado. "Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración", ha indicado.
El ministro no ha entrado en detalles sobre lo que implica el traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero este mismo jueves, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha explicado que Catalunya tendrá poder de decisión en el reparto de migrantes hacia su territorio. Ante el hecho de que hayan pactado este asunto con Junts y ahora sea el Govern controlado por ERC -adversarios políticos en Catalunya- el que tenga que aplicar lo acordado, Bolaños ha indicado que en el contexto actual hay un parlamento "con muchos grupos parlamentarios" y por otro lado hay gobiernos autonómicos "que luego tienen que ejecutar los acuerdos que se adoptan".
Cataluña representa un 16% de la población y recibe cupos de migración vinculados al 23%"
Bolaños ha indicado que esta cesión se hará a través de una ley orgánica en la que se dará "detalle" de las consecuencias concretas que acarrea esta decisión. "Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración y por tanto ese es el acuerdo al que ayer llegamos", ha señalado. ha dicho además que tiene que trabajar "todos los detalles que eso conlleva" y trabajarla para que finalmente vaya al Parlamento y vea la luz.
Por su parte, Borràs ha indicado que Cataluña aspiraba a "tener todas las competencias en materia de inmigración" y "es importante ver los cupos de migración que se reciben en función de la población que representa Cataluña en el conjunto del Estado". Así, ha añadido que "en este momento Cataluña representa un 16% de la población y está recibiendo cupos de migración vinculados al 23%". "Cuando el Gobierno decide hacer estos repartos lo hace con un criterio en el que nosotros no participamos", ha criticado la presidenta de Junts. No obstante, ha matizado: "Por supuesto, Cataluña es una tierra de acogida y saca adelante a todos los que llegan, pero tenemos, queremos y vamos a poder decidir de qué manera se organizan estas políticas".
Choque por las bonificaciones al transporte
A la hora de preguntar si será el Estado el que asuma toda la bonificación, y si esta se hará solo en Cataluña o también en el resto de comunidades, desde primera hora de la mañana el Ejecutivo dejaba claro el acuerdo a través de las palabras de su vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: si bien antes el Gobierno central condicionaba su 30% de subvención a que comunidades y ayuntamientos pusieran el otro 20% -si no lo ponían, el descuento era 0-, ahora se elimina esa condición.
Poco después se expresaba en una línea similar Félix Bolaños, ministro de Presidencia: "El acuerdo es que el Estado va a asumir su parte, y lo desvinculamos de que las comunidades tengan que aportar otra parte. El Estado aporta el 30% y las CCAA pueden hacer una aportación, la que se considere. Lo que se hace es desvincular". Y por si hiciera falta una confirmación más, hacía lo propio la ministra portavoz, Pilar Alegría: "El 30% que daba el Estado estaba ligado al 20% de las comunidades. Ahora, independientemente del 20%, el Gobierno asumirá el 30%".
Declaraciones que están muy lejos de afirmar que el Estado pasará a pagar el 50% de las bonificaciones al transporte, como se esgrimió en el comunicado que hizo público Junts poco después del acuerdo, lo que generó el primer punto de fricción entre las dos versiones.
Otras concesiones
Junts también logró arrancar al Ejecutivo durante la negociación la supresión del Artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento civil -que iba en el decreto 'ómnibus'- y que, según los independentistas, amenazaba la viabilidad de la ley de amnistía, motivo por el cual expresaron su rechazo hasta prácticamente el final del debate celebrado este miércoles en el Senado. También consiguieron los independentistas catalanes la publicación de los datos para calcular balanzas fiscales.
¿Con qué objetivo? Todo apunta a que en Junts usarán esa información para pedir la extinción de la "deuda histórica", compararla con otras comunidades y, también, para reclamar un sistema de financiación singular. Del mismo modo se ha pactado la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, con la que quieren revertir un decreto del Gobierno del PP en 2017 que facilitaba el cambio de sede de las empresas que se marchaban de Cataluña. Cabe recordar que Junts incluso pidió sancionar a esas compañías.
Por último, Junt ha logrado acordar que el aceite pase a ser considerado un alimento esencial y que, por tanto, se beneficie se esa rebaja del IVA al 0%.