Gestión de la DANA
Bernabé declara que ofreció la UME a Pradas ocho horas antes de la alerta de la DANA: "Pídeme la UME por favor"
El contexto La delegada de Gobierno en Valencia declara como testigo ante la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la tragedia del 29 de octubre que asoló la ciudad. Tras ella, declara el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Resumen IA supervisado
La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, declaró ante la jueza de Catarroja sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre, donde aseguró haber informado a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la desaparición de un camionero a las 12:30, horas antes de la alerta tardía. Bernabé ofreció activar la Unidad Militar de Emergencias, pero Pradas no lo solicitó hasta después. La Fiscalía interrogó a Bernabé sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar, mientras Pradas culpó a técnicos y a Bernabé de la mala gestión. Bernabé acudió como testigo, con la Fiscalía rechazando su imputación.
* Resumen supervisado por periodistas.
La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, asegura que avisó el día de la DANA a la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, de la desaparición de un camionero ya a las 12:30, casi ocho horas antes de la alerta tardía. Así lo ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, quien la había citado como testigo en la causa que investiga la tragedia del 29 de octubre que dejó 228 muertos solo en Valencia.
En su larga declaración, que ha comenzado en torno a las 09:45 horas de la mañana y ha terminado sobre las 16:30 horas, y que ha durado más de cinco horas, Bernabé ha contado que habló con Pradas a esa citada hora, las 12:30, y que ya en ese momento le ofreció utilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME). Dos horas después, Bernabé asegurá que volvió a insistir: "Pídeme la UME, por favor". Sin embargo, Pradas no la requirió hasta pasadas las 15 horas.
La delegada de Gobierno también ha declarado que creía que el mensaje tardío de alerta ES-Alert llevaría la referencia a que la gente subiera a plantas altas y que se extendería a toda la provincia. La jueza de Catarroja señaló en un auto que la alerta llegó tarde y con un mensaje erróneo.
En su conversción con Pradas, dice la delegada de Gobierno, advirtió del desbordamiento en Paiporta a las 19 horas, y de que la alcaldesa del municipio le había llamado para decir "que se estaba ahogando gente", a lo que Pradas respondió que "también pasaba en otros municipios".
Fue a través de esta alcaldesa que Bernabé supo de la situación en el Barranco del Poyo, ha admitido. La Fiscalía le ha interrogado también por la Confederación Hidrográfica del Júcar, a quien el Gobierno de Mazón ha señalado desde la tragedia por un supuesto apagón informativo sobre esta zona, donde la tragedia tuvo su mayor dimensión. En este sentido, y al igual que declaró Pradas, Bernabé ha confirmado que no se habló en el Cecopi del Barranco. Curiosamente, Mazón, que había mantenido silencio hasta el momento, se ha servido de esta declaración para arremeter contra el Gobierno. "Llevan seis meses negándolo", ha publicado Mazón en un post de X, junto a la noticia que daba cuenta de esa declaración.
Habló con Mazón
Bernabé se ha servido de diferentes notas y apuntes para su declaración y ha ido desgranando sus actuaciones durante la jornada de la riada, además de aportar un listado con las llamadas que efectuó. Entre ellas estaría Mazón.
Bernabé asegura que habló con el presidente de la Generalitat, de quien se sabe que estuvo ausente de la reunión del Cecopi y que llegó a las 20:28 al centro de emergencias, según acreditó él mismo. Según Bernabé, Mazón le llamó desde un teléfono móvil ajeno porque, según le comentó, tenía problemas con el suyo, y le llamó por WhatsApp.
Señalada por Salomé Pradas
Bernabé es la tercera alta responsable política que declara ante la jueza, después de las declaraciones como imputados del viernes de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y de su número dos, el titular autonómico de Emergencias durante la DANA, Emilio Argüeso. Durante esta jornada también está citado, como testigo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
En su declaración del viernes, Salomé Pradas se exculpó por su gestión en la tarde de la tragedia siguiendo una estrategia de acusar a todos para salvarse a ella, y al presidente Carlos Mazón. Entre todos a los que acusó estaba la propia delegada del Gobierno: Pradas insistió ante la jueza que la dirección del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) era "colegiada" con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Pradas también echó la culpa a los técnicos, a quien atribuyó toda la responsabilidad del texto de la alerta Es-alert y la tardanza en su envío.
"Vengo para colaborar con la Justicia"
"Vengo con ganas y ánimo de colaborar con la Justicia, la mejor forma de contribuir a la paz de muchas personas". Estas habían sido sus palabras su llegada este lunes a la Ciudad de la Justicia de Valencia.
A su llegada a los juzgados, sobre las 9:15 de la mañana, Bernabé se ha parado a atender a los periodistas que esperaban en la puerta: "Hoy vengo con ganas y con el ánimo de colaborar con la Justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales", ha afirmado.
A su salida del órgano judicial ha manifestado a los periodistas que ha sido "una declaración larga e intensa" en la que ha respondido a las preguntas que le han hecho todas las partes, en las que ha declarado ante la jueza lo que ha venido diciendo en los últimos prácticamente seis meses. Asimismo, ha mostrado a la juez un registro con 240 llamadas y mensajes.
Al respecto, ha insistido en que a las 12:20 horas la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lanzó un aviso del nivel de caudal en el barranco del Poyo y la Generalitat activó la alerta hidrográfica al nivel 0, lo que "conlleva unas obligaciones por parte de la Generalitat que es que tiene que, con sus medios o con los medios que pida, vigilar los cauces y los barrancos como manda el plan de inundaciones".
"Y esa alerta no se desactivó en ningún momento", ha remarcado Bernabé, que ha criticado que a pesar de la ley establece que "la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos luego hemos sabido que a las 15.00 horas los mandaron a su casa". "En el Cecopi no se hizo ninguna referencia ni de las llamadas al 112 ni de cómo estaban los barrancos que desde la alerta hidrológica decretada a las 12.20 debería haber vigilado la Generalitat", ha apuntado.
"Voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera, con la Justicia, con su señoría y, por supuesto, con todas aquellas personas que me pregunten", ha apostillado. El ambiente ante los tribunales valencianos este lunes no tenían que nada que ver con el ambiente de tensión vivido el pasado viernes, cuando Pradas y Argüeso fueron recibidos entre gritos de "asesinos" y peticiones desesperadas de "verdad".
La fiscalía rechazó su imputación
Bernabé ha acudido como testigo a pesar de los intentos de la organización ultra Hazte Oír de que declarase como investigada. La jueza de Catarroja desestimó la querella presentada por estos contra ella y la Fiscalía Provincial de Valencia rechazó el posterior recurso, al considerar que, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, sus funciones eran de "estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica".
Por otro lado, la jueza de Catarroja que dirige la investigación penal por la gestión de la dana ha acordado la suspensión 'sine die' de la declaración prevista para este lunes, en calidad de testigo, del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Mompó había sido citado a las 12:15 horas para comparecer en el juzgado y ha acudido con más de una hora de antelación a la Ciudad de la Justicia, pero la duración de la declaración de la delegada del Gobierno en la Comunitat ha hecho imposible su comparecencia.