El expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP) y la expresidenta del Parlament María Antònia Munar (UM) han llegado con 15 minutos de diferencia a los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar como imputados por dos causas distintas de presunta corrupción.

Munar ha sido la primera en llegar a los juzgados en un vehículo policial desde la cárcel de Palma, donde cumple condena de 11 años por otras dos causas de corrupción. La expresidenta ha llegado a los juzgados esposada y cubriendo sus manos con un pañuelo. Posteriormente ha llegado Matas en un taxi, acompañado por su abogado, Miquel Arbona.

Munar comparecerá después del exconseller de Territorio del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens en relación con un presunto soborno en el caso Son Oms. La imputación de ambos en esta nueva investigación judicial se produjo a raíz de que en junio del año pasado, en el transcurso de un juicio por corrupción, el llamado caso Can Domenge, Vicens manifestara que entregó dinero procedente de comisiones ilegales a Munar por otro asunto.

En el caso Son Oms se investigan supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública por la recalificación de terrenos rústicos para la creación de un polígono industrial por parte del Consell en 2004.

En cuanto a Matas, está citado por la jueza de Instrucción número 5, Ana San José, en una pieza derivada del llamado caso Turisme Jove. Lo que se investiga es una denuncia presentada por uno de los condenados en el caso Turisme Jove, el exdirector general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que aseguró haber realizado un pago irregular mediante facturas falsas por unos supuestos viajes juveniles a albergues de Francia que no se llevaron a cabo.

Supuestamente hizo el pago en cumplimiento de órdenes de sus superiores para beneficiar a un antiguo concejal del PP de Calvià que reclamaba un impago al Govern. Matas, condenado a 9 meses de cárcel por un caso de tráfico de influencias, está en libertad a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre el indulto que ha solicitado.