El aumento de casos de coronavirus se está haciendo notar en Andalucía. Si bien la región no es la que tiene peores datos de incidencia a día de hoy (312,9, según el último informe de Sanidad, del miércoles) en algunos puntos clave la situación es crítica.

Es el caso de localidades tan turísticas como Tarifa (1.176,9 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas), Conil de la Frontera (1.440,2 casos) o Marbella, donde aún no se ha superado el umbral de los 1.000, aunque está cerca: en este enclave turístico se han notificado 955,1 casos de IA, según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud en el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA).

La cuestión es que, de acuerdo con las normas de la Junta de Andalucía, aquellos municipios por encima de los 1.000 casos de incidencia están destinados al confinamiento. Aun así, desde que decayera el estado de alarma el pasado 9 de mayo, estos dependen de la ratificación de la Justicia. Un hecho que ya ha provocado problemas al Gobierno andaluz con anterioridad y que, con este nuevo aumento, abre la posibilidad a luchas en los tribunales.

La Junta opta por mantener la situación como está

A pesar de ello, la Junta ha decidido no proponer restricciones a la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial de ningún municipio, a pesar de que varias localidades con más de 5.000 habitantes superan la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

En esta línea, este mismo jueves, el presidente de la región, Juanma Moreno, ha explicado que hay una "falta de instrumentos normativos para poder luchar contra la pandemia". Así, recuerda que en su propia comunidad ya han intentado establecer medidas más severas, como estos confinamientos perimetrales, pero que hasta ahora la Justicia no ha dado su avala, a diferencia de otras comunidades autónomas.

Ante esto, también ha avanzado que la semana que viene habrá otra reunión del comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto para "estudiar la situación", pero matiza: "En principio, no nos estamos planteando ninguna medida. Pero solamente en principio".

Con ello, Moreno vuelve a hacer referencia a las diferencias entre regiones, y sentencia: "Si la evolución sigue así, llevamos dos días con una intensidad muy alta, habrá que tomar decisiones más drásticas". Aunque insiste en que "de nada sirve pedir mañana un decreto para un cierre cuando un tribunal lo puede tumbar".

Los municipios con una IA superior a 1.000

El caso es que la situación de las zonas turísticas no es la única preocupante. Y es que los datos han dado un vuelco en cuestión de una semana: si bien a día de hoy no hay ni un solo municipio confinado en Andalucía -la Junta lo intentó con Peal de Becerro, pero el Tribunal Superior de Justicia se negó-, hay otras 23 localidades con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, tienen menos de 5.000 habitantes y los comités provinciales de alerta de salud pública tampoco han propuesto pedir su cierre perimetral.

De estas localidades por encima de los 1.000 casos de incidencia, cinco se encuentran en Córdoba y otras tantas en Málaga, cuatro en Jaén y otras cuatro en Granada, tres en Almería y dos en Huelva. Sevilla es la única provincia andaluza sin municipios con una tasa tan alta. Algunos de estos municipios, como Ugíjar (Granada) o Pedro Abad (Córdoba) tienen datos muy preocupantes, por encima de los 3.000 casos por 100.000 habitantes: 3.973 y 3.090,6, respectivamente.

El resto de municipios con una tasa superior a 1.000 son los siguientes: Almócita (1.136), Armuña de Almanzora (2.000) y Tíjola (1.381) en Almería; Santaella (1.517), Cañate de las Torres (2.155), Pedroche (1.889) y El Viso (1.628) en Córdoba; Aldeire (1.269), La Calahorra (2.245) y Agrón (1.153) en Granada; Niebla (1.312) y Santa Bárbara de las Casas (1.725) en Huelva; Lopera (1.807), Cambil (1.118), Valdepeñas de Jaén (1.032) y Aldeaquemada (1.470) en Jaén; Istán (1.271), Ojén (1.022), Benaoján (1.170) y Montejaque (1.053) en Málaga.

En cualquier caso, el confinamiento, a ojos de la Justicia, no debería depender solo de la incidencia. Un hecho que ha derivado en el fracaso de la orden de la Junta del pasado 7 de julio, que pretendía aplicar el cierre perimetral en Peal de Becerro pero que, para el Tribunal Superior de Justicia, no cumple los principios de "motivación y proporcionalidad" necesarios.

Básicamente, los jueces critican que la orden del Gobierno andaluz no distingue entre ciudadanos con certificado COVID o no, que tampoco se han tenido en cuenta otros parámetros epidemiológicos importantes (como la ocupación hospitalaria y de UCI), y que no se ofrecen "alternativas" al cierre.

¿Y qué ocurre con las zonas turísticas?

Con respecto a esta situación, la Junta de Andalucía ya ha marcado un precedente. Concretamente, con Conil de la Frontera: en un lugar donde la incidencia supera los 1.400 casos, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha descartado aplicar el cierre. ¿La razón? El aumento de la población en verano.

"En los meses de verano, Conil pasa de tener una población de derecho de 20.000 habitantes a una de hecho de 50.000, por lo que se diluye esa incidencia acumulada". Es decir, la Junta argumenta que se trata de una localidad que en temporada alta triplica su población, por lo que los datos de IA podrían no corresponderse con la realidad.