Cientos de miles de causas judiciales amontonadas en los juzgados y que podrían no ver nunca la luz porque los fiscales apenas han podido revisar 100.000 del medio millón de procedimientos abiertos, que con la reforma del Gobierno, se archivarían automáticamente en apenas tres semanas.
"Estas causas caducarán y no podremos pedir más diligencias, no podremos seguir investigándolas y con ese acopio de pruebas que tengamos, tendremos que tomar la decisión de seguir adelante y acusar o no", explica Alvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales.
El Gobierno impuso un plazo máximo de instrucción de seis meses. Solo prorrogable otros 18, si el fiscal lo pide expresamente al juez, unos tiempos inasumibles para la judicatura."Hay pruebas fundamentales que tardan dos años en realizarse", explica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
La Unión Progresista de Fiscales espera ahora que el Gobierno cumpla con la palabra dada cuando sacó adelante la Ley: "En ningún caso va a haber impunidad".
La oposición, sin embargo, cree que la Ley de plazos, en realidad, esconde una trampa. "Habrá muchos casos de corrupción que van a quedar impunes", explica Margarita Robles, del PSOE.
Las asociaciones de jueces y fiscales creen que con esta Ley en vigor, hubieran quedado impunes casos como Nóos, Gürtel o los ERE de Andalucía.