El empresario Juan Muñoz es el único para el que el juez no ha adoptado medidas cautelares, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, mientras que su hermano y los dos abogados, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Miguel García González, deberán comparecer cada mes en el juzgado y cada vez que tengan intención de salir de España tendrán que pedir autorización al juez.
Los cuatro han declarado a lo largo de seis horas como investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de extorsión en relación con el supuesto encargo que hicieron a Villarejo para lograr el cobro de una deuda a través de un chantaje, delitos que de Egea también le ha imputado al excomisario y a su socio, el abogado Rafael Redondo, los dos únicos que permanecen en prisión tras ser detenidos en noviembre en la Operación Tándem