La Justicia obliga a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a reponer la placa de Largo Caballero que el consistorio retiró, y destruyó a martillazos, en noviembre de 2020. Según la sentencia sobre el recurso de UGT, no hay pruebas que vinculen a Francisco Largo Caballero ni al también socialista Indalecio Prieto, con los crímenes presentados por Vox y respaldados por el PP y Ciudadanos.
De esta forma, se obliga al Ayuntamiento -mientras no recurra la sentencia- a reponer la placa del histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores (UGT) por considerar la magistrada Carmen Casado Guijarro que su retirada no se ajusta "a Derecho".
Así, la Administración demandada deberá "restituir la mencionada placa a la fachada del edificio de la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, sita en la plaza de Chamberí número 4 de Madrid, previa su reconstrucción", dicta el fallo.
Las partes demandadas -el Consistorio de Madrid, el Grupo Municipal Vox y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces- estiman en el escrito que la retirada de la placa "fue ajustado a Derecho al no tratarse de un bien protegido del patrimonio cultural del Ayuntamiento de Madrid".
La propuesta de Vox, que salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, dejó la imagen de dos operarios desmontando la placa martillo en mano.
Casi dos años después, la justicia ha dictaminado que Largo Caballero no era sujeto del artículo 15 de la ley de Memoria Histórica, que permite a las Administraciones públicas retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Además, la sentencia acusa al Ayuntamiento de la omisión de "recabar el informe preceptivo de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de la Ciudad de Madrid, a qué venía obligado, por tratarse de un elemento incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos del PGOUM/1997".
El grupo municipal de Vox ya ha anunciado a los periodistas que recurrirá la sentencia y espera que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid hagan "lo mismo", no solo "en defensa de una verdadera y ecuánime memoria histórica", sino también de un acuerdo “totalmente legítimo” que se alcanzó en el Pleno de la Corporación municipal.