En un auto, Ruz indica que espera al día 25 para tomar declaración a Bárcenas porque pretende tener para entonces la traducción de la comisión rogatoria de Suiza en la que se descubrieron las cuentas, donde llegó a tener 22 millones, y a que la Policía y la Agencia Tributaria le remitan sendos informes sobre ese dinero.

Además, en respuesta a la petición del PSOE de que investigue la supuesta contabilidad opaca del Partido Popular, explica que ese asunto ya lo investiga la Fiscalía Anticorrupción -que ha citado mañana a Bárcenas por ello- y que por ahora no concurren indicios que vinculen las cuentas con la denominada caja B del PP, y añade que si hubiera conexión la Fiscalía lo enviaría a la Audiencia Nacional.

En el auto, el juez asegura que de los nuevos hechos conocidos en la instrucción sobre Bárcenas se derivan la concurrencia de nuevos elementos fácticos que indiciariamente pueden ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, por lo que procede tomarle una nueva declaración.

El magistrado rechaza algunas de las peticiones que hacía el PSOE como la declaración del antecesor de Bárcenas en el cargo, Álvaro Lapuerta, y que se reclamase al Partido Popular toda la documentación sobre este asunto que tenga en su sede.

El auto explica que "no resulta suficientemente acreditada" la conexión de los nuevos hechos denunciados sobre la caja B del PP con lo investigado hasta ahora en esta causa.

No descarta, sin embargo, que si la Fiscalía Anticorrupción encuentra indicios de delito remita al juzgado el resultado de las diligencias informativas que ha abierto en relación con esta supuesta contabilidad opaca. Además de la citación de Bárcenas, entre las nuevas diligencias que ordena, el juez pide a la Agencia Tributaria (AEAT) toda la documentación que se hubiese presentado junto con la declaración tributaria especial a nombre de Tesedul.

También pide a la unidad de auxilio judicial de la AEAT que emita un informe sobre la posible incidencia penal sobre Bárcenas por la eventual comisión de delitos contra la Hacienda Pública por los conceptos de IRPF e Impuesto de Patrimonio.