La dirección del PPCV esperará a que finalice el proceso abierto por la dirección nacional del partido respecto a los nueve concejales de Valencia investigados y suspendidos cautelarmente de militancia antes de adoptar medidas disciplinarias contra ellos en caso de que no renuncien al acta.

Así lo ha asegurado la presidenta regional del partido y portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, quien ha insistido en que no se siente desautorizada por Génova, sino "totalmente respaldada", tras la decisión tomada el pasado lunes respecto a los ediles imputados por blanqueo en la causa separada del caso Imelsa.

La postura de la dirección regional del partido, que insiste en reclamar voluntariamente (tras haberlo hecho "por activa y por pasiva", ha reivindicado) el acta de los nueve concejales antes de abrirles un expediente por desobediencia que puede acabar en la expulsión del PPCV, está "coordinada siempre" con Génova, según Bonig, quien ha remarcado que existe una "perfecta coordinación".

Se ha mostrado convencida del compromiso personal y de "la palabra" de cada uno de esos ediles con el acuerdo logrado con ellos el pasado 15 de febrero, según el cual abandonarían el acta si seguían investigados tras el levantamiento del secreto de sumario.

Sin embargo, no ha podido aclarar qué papel desempeñarán como independientes en el seno del grupo municipal popular, pues según ha dicho, su futuro portavoz y único integrante, el independiente Eusebio Monzó (el único edil no investigado), se coordinará únicamente con la gestora del partido en la ciudad para llevar a cabo su labor de oposición en el Ayuntamiento.

Ha insistido en respetar los tiempos de cada procedimiento abierto (el nacional, que espera se resuelva "en una o dos semanas", y el regional) y ha recordado que las actas son personales.

Según Bonig, el plazo que les ha dado el PPCV de diez días para que renuncien a ellas (a contar desde hoy, pues ayer los ediles recibieron la carta certificada donde se les pide que la entreguen voluntariamente) implica únicamente que si no la atienden, la dirección regional se lo comunicará a Génova para que lo incorpore al expediente abierto y que sigue su curso.

Hasta el momento se desconoce si el instructor, Francisco Molinero, acudirá a Valencia para tomar declaración a los concejales y asesores suspendidos cautelarmente de militancia o serán estos quienes vayan a Madrid, así como cuándo se producirá.

Según los resultados, tanto de esa "decisión personal" tras recibir la carta del PPCV como del expediente abierto por Génova, la dirección regional tomará sus decisiones "oportunas", que pueden incluir un expediente disciplinario de expulsión. Bonig ha defendido la agilidad de ambos procesos: "Más rápido no se puede ir".

"Hemos pasado un momento difícil. Probablemente lleguen más, no lo sé", ha aventurado para criticar también que el Gobierno valenciano viva "de rositas" gracias a la situación interna del PP por este caso.

Sobre la posibilidad de que el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, acabe siendo investigado en el marco del caso Imelsa, ha pedido nuevamente prudencia pues de momento "no hay nada de nada" y ha dicho que las declaraciones del exgerente de esa empresa pública, el arrepentido Marcos Benavent, que implicarían a este alto cargo del partido, "no son palabra de dios".