El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE) tras el anuncio del Ejecutivo de Mañueco en relación al protocolo "antiabortista" anunciado por el vicepresidente Juan García-Gallardo. Un requerimiento que apenas horas más tardeha sido respondido por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta, que ha negado aceptar las condiciones del Ejecutivo y ha reivindicado su autonomía en "políticas de natalidad y apoyo a la familia".

El Ministerio de Sanidad ha exigido en el requerimiento que el Gobierno regional lleve a cabo "el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, intrucción o reconmendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar o sugerir a la mujer embarazada".

En tercer lugar, indica que las pruebas diagnósticas no contravengan el conocimiento científico actual ni las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales. Además, exige que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales con las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

El Gobierno ha afirmado así que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente y no descarta tomar acciones legales y judiciales para ello.

"El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna. Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes", advierte el Gobierno en el comunicado.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado en Twitter que "los derechos de las mujeres son irrenunciables" y ha advertido de que el Gobierno de coalición llevará a cabo "todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en CyL que va contra el derecho al aborto". "Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito", ha zanjado.

En la misma línea se ha situado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha insistido en que el Gobierno no dudará "en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres". "Aborto seguro, libre y gratuito para todas", ha añadido Montero.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha rechazado aceptar las exigencias del Ejecutivo central, e incluso ha advertido de posibles acciones legales en caso de que el Gobierno de Sánchez no atienda "íntegra e inmediatamente" el comunicado de la Junta, ya que, exponen desde la Consejería de Sanidad, "las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

Sánchez avisa de que no habrá "ni un solo retroceso"

La exigencia del Ejecutivo se produce apenas horas después de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisara este sábado de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar y ha censurado que el PP siga el camino "que le marca" Vox, como, a su juicio, ha quedado claro por las medidas antiabortistas que ha puesto en marcha el Gobierno conformado por "la coalición del miedo" de ambos partidos en Castilla y León.

"La derecha decide qué camino tomar y lo que está claro es que, después de lo que hemos conocido en Castilla y León, la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha", lamentaba Sánchez en un acto del PSOE en Sevilla.

Ante estas medidas antiabortistas, el presidente del Gobierno ratificaba el compromiso "total y definitivo" del Ejecutivo con las mujeres y no permitirá "que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuando ser madres o no".

En este sentido y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ha subrayado que "con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficios de las mujeres y ni un solo retroceso", como, ha reivindicado, se ha demostrado con el Gobierno central actual.

Latido fetal y ecografías 4D: las medidas de Gallardo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, detalló el jueves el protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", con medidas como una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" o una ecografía 4D antes de interrumpirlo.

El anuncio de Gallardo causó gran revuelo en parte del espectro político, que acusó al vicepresidente de la Junta de atentar contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó a través de su cuenta de Twitter cargando contra el Gobierno de Mañueco: "Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP", escribió.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, incidía en que "luchar por los derechos reproductivos de las mujeres es emancipación y libertad", mientras que la ministra de Educación, Pilar Alegría, coincidía junto al resto de ministras en que "no se permitirá ni un paso atrás en la lucha frente a la igualdad en la mujer".