El Gobierno de Ayuso plantea multar con 100.000 euros las manifestaciones y con 15.000 las pancartas no autorizados en universidades

Un borrador de la nueva ley regional de universidades, que ha adelantado 'El País' y al que ha tenido acceso laSexta, plantea multas por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus" o por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".

Sanciones propuestas por el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso que van desde los 15.000 euros a los 100.000 euros y que recuerdan a las últimas políticas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, contra instituciones académicas de gran prestigio como Harvard o Columbia. Una ofensiva del republicano contra el ámbito universitario suscitada, entre otras cuestiones, por las protestas propalestinas en sus campus.

El borrador de esta nueva normativa regional también incluye multas de entre 300 a 15.000 euros por "colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados". Además, en el borrado se recoge una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra" con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

Así, en este apartado se incluye "ejercer o amparar, por acción o por omisión, cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" o también "impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario".

Sol defiende su norma

La nueva ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), lleva meses negociándose entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los rectores de las seis universidades públicas. Cuestión que reafirman desde Sol al subrayar que se trata de "un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024, y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces".

Asimismo, critican la información de diario 'El País' al que acusan de haber manipulado el borrador "hasta la falsedad". En ese sentido, subrayan que "con esto no se contraviene ninguna norma estatal", al tiempo que subrayan que hace lo "contrario", puesto que "sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022".

"Precisamente lo que protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra", mientras que "se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios". Por otro lado, destacan que la norma "no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas".

El Ministerio ve "elementos preocupantes"

Por su parte, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades admiten no conocer de forma oficial "la propuesta de la Comunidad de Madrid", pero sí a través de los medios, considerando que "contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado". Por ello, cuando sea el momento "los servicios jurídicos del Ministerio lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española".

Además, muestra su compromiso en seguir "velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas" de las universidad de titularidad pública, pues "son las que tienen la competencia en esta materia".

Así lo aseguran fuentes de la cartera que dirige Diana Morant, que a su vez califican de "llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las universidades que de cómo financiarlas mejor". Toda una crítica velada a la polémica decisión de rechazar los 169 millones del Gobierno central para contratar profesores en instituciones públicas.