El senador del PP Rafael Hernando publicaba este lunes un tuit en en el que responsabilizaba a Pablo Iglesias -al que se refería despectivamente como "Coletas"- de la situación de los ancianos en las residencias durante la crisis del coronavirus, aseverando que él era "el responsable de los mayores" y acusándole de ser "coautor de la catástrofe sanitaria, económica y social en España".

 

Hernando aseguraba que la orden de confinar a los mayores en sus habitaciones fue del Ministerio de Sanidad, una idea sobre la que ha insistido este martes el número 2 del partido, Teodoro García Egea: "Hay un mando único y el mando único es Pablo Iglesias (...) No se entiende que el Gobierne intente endosar su responsabilidad (...) No hubo cogobernanza, que el Gobierno no venga ahora a pedir corresponsabilidad".

Pero lo cierto es que la gestión de las residencias de mayores es responsabilidad de las comunidades autónomas y lo ha seguido siendo durante el estado de alarma.

Así lo recoge el verificador 'Maldita.es', que precisa que el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, ha coordinado los fondos extraordinarios que se aprobaron para que los centros sociosanitarios contrataran más personal y compraran EPIs, pero que las competencias sobre los centros han continuado en manos de las autonomías, que las tienen transferidas.

Así lo establece la propia Ley de Dependencia, que indica que es función de las comunidades "gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia", así como la inspección de estos centros.

En cuanto a la supuesta orden de Sanidad por la que los internos no podían salir de sus habitaciones, 'Maldita.es' desglosa las órdenes que el Ministerio emitió para estos centros tras el estado de alarma. Precisamente la primera de ellas, del 21 de marzo, indicaba que los "casos posibles o casos confirmados de COVID-19, deben mantenerse aislados del resto de residentes", pero en ningún momento se decía que no se les llevara al hospital si su estado así lo precisaba. De hecho, la orden ministerial establecía que "si se cumplen criterios de derivación a un centro sanitario, se activará el procedimiento establecido para tal efecto".

En esa misma orden, además, se ampliaban las competencias autonómicas sobre los centros, al autorizar a "la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma" a "modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con independencia de su titularidad pública o privada". En una orden posterior, publicada el 24 de marzo, se faculta "a la autoridad competente de la comunidad autónoma" a "intervenir los centros residenciales".

En este sentido, 'Maldita.es' desmiente también otro bulo que afirma que el BOE recogió que la responsabilidad de las residencias durante el estado de alarma es del Gobierno, haciendo referencia a una orden de Sanidad publicada el 4 de abril. No es cierto, pues esa orden lo que establece es cómo y con qué frecuencia debían informar las autonomías al Ministerio sobre la situación de las residencias: en ningún momento se recoge que la gestión de los centros pasara a manos del Ejecutivo central.

En cuanto al papel real del gabinete de Iglesias durante la crisis, además de coordinar el fondo extraordinario para los servicios sociales que se repartió entre las comunidades autónomas, ha coordinado las actuaciones de la UME en las residencias.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales autorizó que se flexibilizase provisionalmente la contratación de trabajadores de servicios sociales, para que, de forma excepcional, si no hubiera profesionales disponibles con las titulaciones necesarias, pudieran desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, tuvieran experiencia en cuidado y atención de personas dependientes.

Tormenta política en Madrid por el protocolo de las residencias

Las acusaciones del senador Hernando llegan en plena controversia por el protocolo de hospitalización que se aplicó en las residencias de Madrid durante la pandemia, que ha enfrentado al Ejecutivo regional del PP y Ciudadanos, y que el propio Pablo Iglesias ha calificado de "escándalo".

Un protocolo al que se ha referido el vicepresidente segundo en su respuesta a senador popular, después de que el consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, haya denunciado públicamente que la Comunidad estableció criterios de exclusión para descartar el traslado a hospitales de ancianos con dependencia y que, a pesar de que advirtió a la Consejería de Sanidad de que esto provocaría "muertes indignas" en las residencias, nadie le hizo caso.