El fin del estado de alarma ha obligado a las comunidades autónomas a cambiar su estrategia respecto a la pandemia de COVID-19y las restricciones. Y es que a partir de ahora dependerán de la decisión de la Justicia para aplicar restricciones que limiten la movilidad, como los confinamientos perimetrales o los toques de queda.

Ante las quejas de varios gobiernos autonómicos y de parte de la oposición, desde el Ejecutivo central han puesto sobre la mesa la posibilidad de impulsar cambios legales al respecto y recuerdan que las autonomías pueden solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio.

Así lo ha señalado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en 'El País'. "Si se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán en las Cortes", ha destacado antes de apuntar que "los gobiernos autonómicos siempre tienen la posibilidad de solicitar la declaración para su territorio, con el alcance que consideren, del estado de alarma".

Horas después, en Al Rojo Vivo, ha aclarado que no se prepara ninguna reforma legal, aunque sí ha incidido en la posibilidad de los gobiernos autonómicos de pedir al Ejecutivo central aplicar el estado de alarma en su territorio para, por ejemplo, decretar un toque de queda. A su juicio, sin estado de alarma no se puede acordar esa restricción a la movilidad nocturna.

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, también ha indicado que estudiarían y apoyarían peticiones de un nuevo estado de alarma. En una entrevista en Radio Euskadi, ha dicho que "en este momento no toca" un estado de alarma, si bien ha precisado que, "si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease" para su comunidad, "el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría".

El Gobierno recuerda que las CCAA pueden solicitar el estado de alarma y se abren a hacer cambios legales

Estas son las declaraciones que han dejado después de que algunas comunidades autónomas y dirigentes de la oposición, sobre todo del PP, criticasen la decisión del Estado de acabar con el estado de alarma y no pedir más prórrogas ni impulsar cambios legislativos al respecto.

Críticas de gobiernos regionales

"Las primeras horas sin estado de alarma confirman lo que veníamos avisando: la decisión unilateral del Gobierno de España nos deja a las CCAA sin un instrumento jurídico claro para luchar contra la pandemia y esperando a que la Justicia interprete la ley", he escrito el presidente andaluz, Juanma Moreno, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no se plantea pedir el toque de queda en su comunidad.

En la misma línea se ha pronunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha apuntado que el "actual ordenamiento jurídico no permite que las CCAA puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado".

Precisamente, en País Vasco el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el toque de queday los confinamientos perimetrales. Lo mismo ha hecho el órgano competente en Canarias, que ya ha anunciado que recurrirá hoy la decisión al Supremo. Sin embargo, en Comunitat Valenciana y Baleares las restricciones han sido avaladas. Así las cosas, será el alto tribunal el que siente jurisprudencia con su decisión sobre el recurso del archipiélago canario.

Francisco Igea, de Ciudadanos y vicepresidente de Castilla y León, preguntado por esas declaraciones del ministro Campo, ha respondido: "Es un buen momento para despertarse de la siesta, 15 meses. El Gobierno se había comprometido en hacer esta legislación cuando se decidió apoyar el último estado de alarma. Hoy el ministro de Justicia se despierta de la siesta, nunca es tarde", ha dicho con ironía. Y en su opinión una comunidad no puede pedir el estado de alarma, como sostiene el Ejecutivo.

En el PP acusan al Gobierno de ser "un perezoso" y "no dar respuesta a asuntos tan importantes como este"

Ante este panorama político, judicial y sanitario, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de provocar "el caos" y le recuerdan que han registrado una proposición de ley que en 15 días puede entrar en vigor. "Ahora pasamos al plan C, el plan del caos. El único responsable es el Ejecutivo central. Las comunidades autónomas han hecho todo lo que han podido y los tribunales han hecho más de que les compete", ha apuntado Pablo Casado al respecto.

En cuanto a las reformas legales, Teodoro García Egea ha señalado en una entrevista en 'Cadena Ser' que "el Gobierno no tiene ni que hacer el trabajo porque está registrada y consultada con los principales juristas. "Cuando quieran, se lleva a las Cortes y en 15 días se acaba con este caos", ha apostillado.

En este sentido, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado en 'Onda Madrid' al Gobierno de ser "perezoso y no dar respuestas a asuntos tan importantes como este y sí regular con quién se queda una mascota en caso de divorcio" de sus dueños.