El Gobierno de Canarias recurrirá hoy ante el Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que ha tumbado el toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral de las islas. Una resolución que sentará jurisprudencia y marcará el camino a otros gobiernos autonómicos.

En un comunicado el Ejecutivo canario ha anunciado que interpondrá un recurso de casación contra el auto dictado este domingo. En él, la sala apunta que no procede la ratificación de la limitación de la entrada y salida de las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4, así como la restricción de la movilidad en horario nocturno.

A pesar de esta decisión, Canarias mantenía que las medidas contra el COVID-19 que se publicaron en el Boletín Oficial pueden seguir teniendo vigencia, "debido a que el auto no es firme y su contenido puede ser revisado por el Tribunal Supremo".

Por eso, antes de ir al Supremo, pidió una aclaración de la sentencia al TSJ de Canarias para saber si se podía mantener el toque de queda hasta que se pronuncie el Supremo. "Queremos saber si el fallo es ejecutable desde ya o si hay que esperar a que el Tribunal Supremo corrija o confirme lo que dice el Tribunal Superior de Canarias", apuntaba al respecto el presidente, Víctor Torres, en declaraciones a 'COPE'.

Finalmente, el tribunal ha contestado a la aclaración y ha indicado que en la situación actual no puede mantener ni el toque de queda ni el cierre perimetral. Así, el Ejecutivo canario ha anunciado que el toque de queda dejará de aplicarse desde este mismo lunes por la noche.

"El toque de queda no se aplicará desde esta misma tarde. Esta noche no hay limitación de movimientos en Canarias como la ha venido habiendo en los últimos tiempos", ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, en rueda de prensa. "Esta regla no se aplica desde ahora porque no ha obtenido la autorización de los tribunales de Justicia", ha agregado.

En cualquier caso, el Gobierno canario continúa preparando el recurso ante el Alto Tribunal. Una vez los servicios jurídicos lo presenten de manera oficial, el Supremo tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para tomar una decisión. Así lo estableció el Ejecutivo central en el decreto publicado antes del fin del estado de alarma, con el que se pretendía dar seguridad a las comunidades autónomas.

Sin embargo, cuando se trate de autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse por auto en un plazo máximo de tres días naturales.

Esta decisión sentará jurisprudencia

Esta decisión judicial sentará jurisprudencia ante las decisiones que tomen el resto de regiones. De hecho, la Junta de Castilla y León ya ha adelantado que si el juez avala el toque de queda en Canarias, su gobierno solicitará esta medida para su comunidad si es necesario. Ha sido el vicepresidente, Francisco Igea, el que ha puesto sobre la mesa esta posibilidad.

La autonomía que sí ha logrado que avalaran el toque de queda entre las 00:00 y las 06:00 horas ha sido la Comunitat Valenciana. Allí, el Tribunal Superior de Justicia ha dado por buenas las restricciones de movilidad nocturna propuestas, así como las de limitar a 10 el número de personas en reuniones sociales y a 75% el aforo de los lugares de culto. Lo mismo ha ocurrido en Baleares, que cuenta con un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas.

Por su parte, el País Vasco no ha conseguido que le sean avaladas las medidas planteadas. Si bien, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha indicado que no recurrirá esta decisión judicial y que buscará otras vías para lograr contener la expansión del COVID-19.

En este sentido, Urkullu ha criticado que el "actual ordenamiento jurídico no permite que las CCAA puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado". De hecho, él fue el primero que instó a Sánchez a prorrogar esta medida jurídica durante, al menos, uno o dos meses más.

El decreto publicado por el Gobierno al respecto, recoge que las autonomías que consideren necesario presentar un recurso deberán hacerlo en un plazo máximo de tres días hábiles "desde el auto de instancia (el del TSJ)"-