El juez Manuel García-Castellón, instructor del 'caso Tsunami', no quiere que el Ministerio de Justicia esté presente en una reunión con las autoridades de Suiza acerca de la investigación. Así se lo ha hecho llegar en el auto dictado este miércoles, en el que ha considerado "inadmisible" que le pidan explicaciones sobre la amnistía.
En su auto, García-Castellón pide mantener las conversaciones con las autoridades suizas a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) con el objetivo de obtener la "formalidad y agilidad necesaria" a su reunión "de coordinación" para tratar el caso.
Eso sí, después añade: "Evitando la participación de la autoridad central española (el Ministerio de Justicia) para una cuestión de naturaleza estrictamente judicial". Es decir, García-Castellón pide expresamente que el Ministerio encabezado por Félix Bolaños no esté presente en la reunión con las autoridades suizas.
García-Castellón añade así más distancia con el Gobierno central en una causa en la que ha recordado que la función de los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", explicando que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.
Este martes, la Justicia suiza decidió suspender la comisión rogatoria solicitada por García-Castellón para localizar a la líder de ERC, Marta Rovira, sugiriendo que el caso puede tener "carácter político". El juez afea lo "manifiestamente inadmisible" que considera la explicación por parte de Suiza, algo que "no se puede sustanciar por este magistrado, sin entrar en más consideraciones de fondo".