La Fiscalía del Tribunal Supremo afirma que la fortuna del rey emérito procedería del cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Así lo ha desvelado el diario 'El Mundo', que asegura haber tenido acceso en exclusiva a la comisión rogatoria librada por el Ministerio Fiscal a las autoridades de Suiza.
De acuerdo con el rotativo, dicho escrito sostiene que existen "elementos indiciarios" de la procedencia ilícita del dinero de Juan Carlos I en el extranjero, y apunta a cuatro posibles delitos: blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Así, pide a las autoridades suizas información sobre todas las cuentas de la Fundación Zagatka en ese país.
Se trata de la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre la fortuna de Juan Carlos. Actualmente, la investigación está liderada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, que trabaja conjuntamente con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como con un equipo de fiscales del Alto Tribunal.
Transferencias a cuentas de miembros de la Casa Real
En la comisión rogatoria a la que ha tenido acceso El Mundo, la Fiscalía del Supremo recuerda a las autoridades suizas que tiene abiertas múltiples diligencias contra el emérito. Entre ellas, una que indaga "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos", que habrían sido controlados por Juan Carlos.
En este sentido, también advierte de que fue alertado por la Unidad de Inteligencia Financiera de España sobre la actividad del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause que, entre los años 2017 y 2018, envió seis transferencias a favor de una cuenta titularidad de D. Nicolás Murga Mendoza, que fue coronel del Ejército Español del Aire y ayudante de Don Juan Carlos de Borbón.
La cuestión reside en que, según la Fiscalía, "parte de las cantidades recibidas fueron transferidas a cuentas de la titularidad de miembros de la Familia Real o personas vinculadas a ellos". Es más, como indica el citado medio, según los fundamentos de la Fundación Zagatka, los hijos del rey (Felipe, Cristina, Elena) fueron beneficiarios. Sin embargo, la comisión también hace constar que "estos tres últimos han dejado de serlo tras la modificación de dicho Reglamento en el año 2018".
La Fiscalía matiza
Tras publicarse esta información, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que recuerda que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".
No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones, sino en el marco de una solicitud de información, en la que se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación"
Explica que no es un dictamen ni son las conclusiones de la Fiscalía: "Ello implica que no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación"
"Resulta obvio -aclara- que será el contenido de la respuesta que la autoridad dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación", y añade que el Ministerio Fiscal se compromete a "llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional"·
Otras diligencias
La Fiscalía del Alto Tribunal asumió el año pasado la investigación al monarca iniciada por Anticorrupción sobre las presuntas comisiones irregulares que habría obtenido por su intermediación en la adjudicación de la obra del AVE a la Meca, para determinar si existiría relevancia penal tras su abdicación, cuando dejó de ser inviolable.
El pasado mes de octubre, el fiscal del Supremo ya apuntaba que la información enviada por la Fiscalía suiza abría "nuevas perspectivas" sobre el caso y señalaba que no debía "cesar en la investigación".
No obstante, en noviembre se conoció que no veía delito por parte del rey en las adjudicaciones del AVE, pese a lo cual abrió una tercera línea de investigación a Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales, que se sumaba así a la de las supuestas comisiones del AVE y a la de los pagos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Entretanto, el rey emérito lleva desde agosto del año pasado en Emiratos Árabes, tras abandonar España ante la sucesión de escándalos sobre su patrimonio en el extranjero. Desde entonces ha efectuado, además, dos regularizaciones fiscales.