La cúpula del Ministerio Fiscal apoyó el miércoles al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la presentación de la querella, pero mantuvo posturas distintas en torno a los cargos públicos que debían ser acusados y los delitos que se les debían atribuir. En la reunión, Torres-Dulce presentó su propuesta de querellarse contra Mas, Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia.
Estas personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de la querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña. La Fiscalía Superior de Cataluña se mostró contraria a la presentación de la querella al estimar que por el momento no procedía iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso del 9N.