El empresario Enrique Ortiz tiene importantes frentes abiertos. Se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Brugal. Anticorrupción pide para él 18 años de cárcel. Se le acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Todo por unas supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja. Ortiz habría obesequiado con viajes en su yate al expresidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, a cambio de suculentos contratos.
Sin embargo, no es la única causa en la que aparece el nombre del empresario. La más conocida es la que le relaciona con la exalcaldesa Sonia Castedo. Esto es, el plan Rabasa y la llegada de Ikea a Alicante. En las grabaciones del caso se detalla cómo Ortiz y la multinacional sueca alcanzaron un primer acuerdo por 31 millones de euros que ascendió finalmente a los 97.
Millones que presuntamente iban a parar a los bolsillos del empresario. No obstante, sin explicación alguna, se decide cambiar la ubicación y el precio de compra pasa de los 31 millones de euros a los 97. Dentro de este mismo caso también se le investiga por haber recibido información privilegiada de los proyectos del ayuntamiento de la mano de la exalcaldesa de Alicante.
La propia Castedo, en conversación telefónica con laSexta Noticias, ha asegurado no estar preocupada porque, según dice, estos casos no tienen nada que ver. Casos que no sorprenden a quienes conocen al empresario. "Era el empresario de cabecera del Partido Popular en el territorio alicantino", explica Mireia Mollà, diputada de Compromís en las Corts Valencianas.
También el conseller de Transparencia de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz, afirma que nada de esto era desconocido: "Era un secreto a voces. No sabíamos las cifras, la forma ni el modo en que se hacía". Secretos que podrían salir a la luz de la mano de Enrique Ortiz.