La sentencia de la rama valenciana de Gürtel es el último mazazo judicial al PP. En ella, se acredita que "el PPCV financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva".
Ante esta contundencia, la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha tirado de argumentario clásico y dice "respetar las sentencias judiciales, se ha demostrado que quien la hace la paga y estas son cosas del pasado".
Mientras en el PP definían la fecha de su inminente Congreso, la Audiencia Nacional desgrana cómo el partido en la Comunidad Valenciana pagaba a la empresa de Francisco Correa con "facturas correctas, pagos en 'B' y creando facturas falsas pagadas por empresarios por supuestos trabajos no realizados a sus empresas".
Letra pequeña a la que han apelado muchos para no valorar la sentencia. Un ejemplo es Alicia Sánchez Camacho, quien decía que no conocía la sentencia. Por su parte, José Ramón Bauzá explicaba que desconocía la noticia, pero que "ante la corrupción, tolerancia cero".
En las 137 páginas se detalla también por qué los empresarios aceptaban falsear esas facturas "con el ánimo de seguir consiguiendo concesiones, pasado el periodo electoral, por parte de aquellos a quien tan eficazmente habían ayudado a conseguir el poder".
Una muestra de corrupción "sistémica", según la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que afirma que "los tribunales acreditan lo que sabíamos en toda España, que el PP saqueaba las arcas públicas para su beneficio.
Además, la sentencia define como "rigurosamente falsa" la contabilidad del partido que se remitía a la sede central en Madrid.