El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso 'Lezo', ha citado a declarar como investigados los próximos 11 y 12 de septiembre a seis consejeros de la Comunidad de Madrid presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón en relación a la compra supuestamente irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II. En una providencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda citar a declarar al "resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 29 de noviembre de 2001" al tener en consideración un informe del Ministerio Público.

Aunque ya se han practicado "la mayor parte de las diligencias probatorias", dice el juez, procede llamar a comparecer a los exconsejeros para continuar esclareciendo los hechos relacionados con la compra de la mercantil colombiana "mediante la utilización de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal", la panameña Aguas de América SA. Estas declaraciones se unirán a la de propio Ruiz-Gallardón, que compareció ante el magistrado el pasado 7 de junio. También lo hicieron unos días antes el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo y el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas Carlos Mayor Oreja.

El juez instructor acordó investigarles por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras escuchar unos meses antes a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular, y que exculparon al expresidente regional. El día 11 de septiembre, a partir de las 09.30 horas, deberán comparecer ante el magistrado los exconsejeros Paz González García (Justicia y Administraciones Públicas), Luis Blázquez (Economía e Innovación Tecnológica) y Luis Eduardo Cortés Muñoz (Obras Públicas, Urbanismo y Transporte). Un día después, y a la misma hora, acudirán a la Audiencia Nacional Alicia Moreno Espert (Artes), Pilar Martínez López (Servicios Sociales) y Luis Peral Guerra (Trabajo).

El juez García Castellón decidió investigar a Ruiz-Gallardón y a los otros dos exconsjeros porque considera evidente que hubo un "cúmulo de irregularidades" durante el proceso de adquisición de la empresa colombiana. Por contra, durante su declaración el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia defendió la "legalidad" de la compra de Inassa y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas. Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación. Lo mismo manifestaron Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo.