El juez Arturo Zamarriego, al frente del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha interrogado este jueves en calidad de testigo al exconsejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en relación a los protocolos para no derivar a ancianos de residencias a hospitales en la primera ola de la pandemia. También testifica Carlos Mur, exdirector general de coordinación sociosanitaria y firmante de dicho protocolo.
El procedimiento investiga tres querellas presentadas por Marea de Residencias por la muerte de tres ancianas en la residencia DomusVi Albufera de Madrid contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y delito de prevaricación.
Durante el primer confinamiento de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, 7.291 mayores perdieron la vida en los geriátricos madrileños sin ser trasladados a un centro hospitalario.
Alberto Reyero, expolítico de Ciudadanos y que dimitió en octubre de 2020, ha subrayado que las personas que ocupaban las residencias "quedaron abandonadas a su suerte" durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.
Así lo ha defendido ante los medios de comunicación el propio exconsejero antes de declarar en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el caso de los protocolos.
Reyero ha subrayado que los protocolos de derivación fueron "de exclusión" y en virtud de ellos "se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad". "Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas", ha recalcado el exconsejero.
En este sentido, ha recalcado que, además, "no hubo alternativas" a esos ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus "no se atendió a personas de residencias" y tampoco "se medicalizaron las residencias".
"Realmente las personas quedaron abandonadas a su suerte", ha insistido Alberto Reyero, quien ha respaldado esta afirmación en un informe de Amnistía Internacional.
Preguntado por la responsabilidad de lo sucedido, el exconsejero ha precisado que eso no le corresponde a él sino al juez, aunque sí ha reconocido que "se pueden sacar conclusiones" de todo lo que ha ido diciendo tanto en pronunciamientos públicos como en su libro 'Murieron de forma indigna'. "Yo creo que ya he dicho bastante", ha sentenciado.
Familiares piden justicia a las puertas de los juzgados
A las puertas de los juzgados se han concentrado familiares de víctimas. Uno de ellos ha sido Juan, el padre de Mercedes: "Le negaron como a todos el dercho a una asistencia sanitaria porque estaba en una residencia en silla de ruedas".
También se lo negaron a Pepita, la madre de Concha: "El director de la residencia me dijo que daba igual la plaza que tuviera, que él tenía una orden de la Comunidad de Madrid de que allí no salía nadie con silla de ruedas".
Dos declaraciones que sirven a las familias para ver algo de luz tras casi tres años de calvario: "La justicia empieza a tomarse en serio esa mascare que se produjo en las residencias".