El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña (CGE) ha determinado que el fondo creado por el Govern para avalar a los ex altos cargos encausados por promocionar el procés en el exterior se ajusta a la legalidad, aunque recomienda modificar varios puntos del decreto para "disipar" dudas.
Así se ha pronunciado este jueves, de forma unánime, este órgano consultivo de la Generalitat sobre la legalidad del decreto que regula el fondo para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, su gestión la asumirá "provisionalmente" el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Posteriormente, tras el dictamen del Consejo, el Parlament ha validado el decreto que dispone la creación de este fondo, que ha sido aprobado con el apoyo de los partidos independentistas, la abstención de los comunes y los socialistas y el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos. La cámara ahora afinará el texto e incorporará los matices del CGE.
Modificaciones para "disipar" dudas
En su dictamen, el Consejo de Garantías concluye que la creación de este fondo no vulnera el Estatuto catalán ni la Constitución y apunta que la Generalitat "está habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos" como el que contempla este decreto.
No obstante, introduce recomendaciones para "mejorar la calidad normativa del decreto" y "disipar de manera expresa determinadas dudas que suscita la redacción actual". Así, el Consejo, que se encarga de velar por que las leyes catalanas se adecúen al marco legal vigente, considera que el Govern debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.
El Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos del Ejecutivo catalán, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las "dudas" legales que le suscitaba esta operación.
Por su parte, tras la resolución del Consejo, fuentes del Gobierno central han indicado a laSexta que el Ejecutivo estudiará el dictamen, que también será analizado por la abogacía del Estado para preparar su informe jurídico.