El Govern ha creado un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) y se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumplan ciertos requisitos.

"No es un aval directo", ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró.

El conseller ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del procés a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".

El funcionamiento, ha desgranado, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quién avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat.

El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".

A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que los diez millones disponibles para el contraaval saldrán de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo" (...) "Hay muchas cajitas", ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias.

Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera, el Institut Català de Finances asumirá la comisión gestora del fondo, pero Giró ha remarcado que el ICF únicamente actuará como comisión gestora del fondo, pero no gestionará el aval, sino que este rol corresponderá a una entidad financiera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que todo lo que se apruebe por gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. "Vamos a estudiarlo y si no está sujeto a derecho tendremos que recurrirlo", adelanta.

Según informa Alfonso Pérez Medina, "no hay precedentes en la historia del Tribunal de Cuentas" de utilizar un fondo público como aval, por lo que habría que tomar una decisión al respecto.

El presidente del PP, Pablo Casado, ya ha reclamado al Ejecutivo evitar "esta inadmisible malversación" y ha anunciado que recurrirán "solicitando la inhabilitación de los que lo aprueben".

 

Desde el Gobierno piden prudencia pero avisan que estarán vigilantes. "Tenemos que conocer el acuerdo al que haya llegado la Generalitat, solo hemos visto los titulares. El Gobierno de España vela por la legalidad", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.