El TSJC ha señalado que las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento que es "aún más inadmisible" cuando es diseñado por representantes públicos.
Varios centenares de personas se han concentrado ante la sede del TSJC para apoyar a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), y la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), que han acudido a declarar por el 9N, y que han estado acompañadas también por miembros del gobierno catalán.
La Sala de Gobierno del TSJC alerta de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".
El TSJC manifiesta que "no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones".
Durante el pleno del CGPJ, su presidente, Carlos Lesmes, y la práctica totalidad de los vocales han apoyado este comunicado del TSJC, salvo Roser Bach, Concepción Saez y Enrique Lucas, que se han ausentado de la reunión para no suscribirlo.
Tampoco lo han hecho, pero porque no han asistido al pleno, las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. Además de Lesmes, han ratificado su apoyo a la declaración Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo y Wenceslao Olea.
El órgano de gobierno de los jueces manifiesta "su firme voluntad, ante tan intolerable actuación, de prestar todo su amparo a los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Y lo hace porque entiende que los "graves" hechos denunciados "afectan a los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo".