TODOS CONTRA LA SINGULARIDAD

El PP califica el pacto del Gobierno con Junts como "uno de los mayores robos a los españoles"

El contexto El lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña llegaron a un acuerdo para la financiación singular, un plan que no ha gustado nada entre la oposición y que los de Junts entienden como imprescindible para aguantar la legislatura.

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà
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Visto lo visto, en los últimos días, parece muy complicado que salga adelante esa financiación singular que este lunes pactaron el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. La realidad es que hay pocos apoyos para este plan, mucha oposición y algún aviso. Porque este martes Junts ha denunciado que esto es una tomadura de pelo y que no habrá más avisos al Ejecutivo sobre el fin de la legislatura. Como ya dijeron tras el pleno del 9 de junio, seguirán como socios de investidura si el Gobierno responde, no a cambio de nada.

Donde unos ven igualdad de oportunidades en el concepto de financiación singular. Entre ellos, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que asegura que "mientras haya un Gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro".

Otros ven que esta medida oculta un sinfín de agravios a la solidaridad entre territorios. Sobre todo, en el PP. Donde no han dudado en dar declaraciones en las que definen la financiación singular para Cataluña como "uno de los mayores robos a los españoles mediante un intento de mutación constitucional", en palabras de la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz.

Pero también como "un cupo separatista a la carta", en opinión del valenciano Carlos Mazón, que "pretende una ilegalidad máxima". Esta última puntilla la ha puesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El acuerdo suscrito entre Gobierno y Generalitat no ha gustado a prácticamente nadie. Para Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, "estamos ante un pacto corrupto e ilegal". Una idea que suscribe, de nuevo Ayuso, al decir que "lo que está en juego es la soberanía nacional, que no se puede romper".

Incluso desde comunidades socialistas han llegado menajes de malestar. Es más, Castilla La-Mancha pide que se convoque al Consejo de Política Fiscal de forma urgente. "Para que todas las CCAA del régimen común podamos manifestar nuestras opiniones", ha pedido el consejero de Hacienda.

Con este descontento generalizado, parece casi imposible que el Gobierno pueda conseguir el visto bueno en el Congreso. Así lo cree Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista, que asegura que tienen "motivos para desconfiar del PSOE y de la señora Montero".

Porque aunque algunos piden no avergonzar el debate. "El hecho de incendiar el terreno creo que es francamente irresponsable", ha dicho Aina Vidal, desde Sumar. Y el Gobierno insista en que es un modelo ampliable a otros territorios, no parece que las autonomías den su brazo a torcer.