El tribunal entiende que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna" sobre los hechos, lo que les impide disponer de información contrastada para dirimir el caso.
Los magistrados señalan que "lo jurídicamente decisivo es averiguar la titularidad de los ficheros almacenados en los soportes destruidos", así como hallar a los responsables que destruyeron los discos duros de los ordenadores.
Del mismo modo, aseguran que el delito de encubrimiento ha de ser investigado de forma paralela o separada a la investigación del delito encubierto, sin que la falta de esclarecimiento definitivo de este último pueda justificar el sobreseimiento provisional.
El procedimiento se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien remitió las actuaciones a los juzgados de plaza de Castilla.
Esta querella recayó en el juzgado 32 de Madrid, que la archivó, y luego ese archivo lo recurrió otra acusación personada, UPyD, pero ese recurso no se pudo resolver porque se perdió la causa.
De todas estas actuaciones no se dio traslado al querellado, el PP, que denunció su indefensión respecto de un procedimiento que se dirige contra él y en el que la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tengan, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso.
"La situación es mucho más grave aún puesto que al parecer se va a permitir a los querellantes, formaciones políticas que tienen un evidente interés en socavar la imagen pública de mi representado (el PP), la aportación 'ex novo' de los documentos que obren en su poder", denunció la formación política en su escrito.
"Resulta evidente que una reconstrucción como la que se pretende no puede realizarse a espaldas de los querellados, con menoscabo de sus garantías procesales, provocando su indefensión", explicó el PP que finalmente se personó en la causa. Cuando la causa fue reconstruida, la jueza dio traslado del recurso de UPyD para que lo resolviera la Audiencia de Madrid.