El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha quedado finalmente desvinculado de la macrocausa 'Tándem'. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo ha confirmado archivando la investigación a Sánchez Galán de cualquier responsabilidad penal por contratar al excomisario José Manuel Villarejo. El motivo que da el juez es la prescripción legal, porque los hechos ocurrieron más de 10 años antes de su imputación.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera apuntan que el periodo de prescripción para el delito de cohecho es de 10 años, un plazo que ya habría concluido en junio de 2021, el mes en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 imputó a Sánchez Galán. Y es que, añaden, los hechos por los que fue citado ocurrieron entre 2004 y 2009.
Además, la Sala incide en que, además del delito de cohecho, también habrían prescrito el delito contra la intimidad y el de falsedad "al no estar ninguno de ellos castigado con pena que alcance diez años de prisión".
Fue el pasado 23 de junio cuando el juez Manuel García Castellón acordó el sobreseimiento librepara Sánchez Galán por la prescripción de los hechos por los que se le imputaban delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Este movimiento se enmarca en la pieza separada número 17 de 'Tándem', donde el juez investiga los encargos ilegales que la compañía habría hecho al comisario jubilado José Manuel Villarejo desde 2004 y por los que este se habría embolsado más de un millón de euros.
La Sala ha desestimado ahora el recurso interpuesto por el presidente de ACS, Florentino Pérez, contra esa decisión y al que también se adhirieron Podemos y Corneliu Dica, el antiguo socio de Iberdrola Renovables en un proyecto en Rumanía que habría sido presuntamente espiado por el propio Villarejo.