Entre los citados están, además de Mas, los exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau y Francesc Homs, todas ellos inhabilitados al igual que Mas, por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

Fuentes cercanas a los dirigentes independentistas han dicho que Mas y los ex altos cargos no acudirán a la citación, aunque en su lugar acudirán a la cita sus abogados con poderes para representarles. Quien sí acudirá a la citación será el vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana y abogado de la entidad, Manuel Miró.

Estará presente como parte denunciante ya que SCC, junto a Abogados Catalanes por la Constitución, fue quien denunció a los dirigentes catalanes para que devuelvan todos los gastos de la consulta del 9N, por la que fueron inhabilitados. La lista de la citación la completan siete cargos que también participaron en la autorización de los gastos en el referéndum del 9 de noviembre: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira.

El pasado 6 de septiembre, el Tribunal de Cuentas aclaró que la citación "no exige afianzamiento alguno" por lo que no tendrán que pagar, de inmediato, los 5,12 millones de euros que les reclaman por el 9N. No obstante y aunque el pago no es inmediato, Mas ya denunció que el monto de la fianza les dejaba "simplemente sin ahorros y sin nada".

De hecho, Mas ya calificó la citación de "amenaza" con el único objetivo de "asustar a todo el mundo". Estas citaciones se producen a una semana del referéndum del 1-O y en un escenario de tensión tras la operación de la Guardia Civil que se saldó con 14 detenidos por su supuesta participación en la organización del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.