El referéndum ilegal de
2014 no se castigará sólo con inhabilitaciones políticas, también implicará que
los responsables paguen de su bolsillo lo que costó: unos cinco millones de
euros que pide el Tribunal de Cuentas y que uno de los implicados ven como un
aviso ante la consulta de octubre. "Están intentando meter el miedo en la gente
para que quede claro que a través de esta caza mayor se puede cazar a más gente",
señala Artur Mas.
Responder con el propio
patrimonio es una amenaza que siempre ha inquietado a los políticos catalanes,
como ya expresó el exconseller Baiget, que preferiría ir a la cárcel antes que
perder su patrimonio.
Una puerta que ahora sí se
abre. Si no pagan la fianza de cinco millones, el Tribunal de Cuentas embargará
los bienes y cuentas de los responsables del 9N. Desde el independentismo hace tiempo pusieron
en marcha una colecta que suma ya casi medio millón de euros y que apoya Artur
Mas.
La fianza no se limita a
políticos, incluye por primera vez a funcionarios, lo que desde el Govern ven
como una estrategia para desanimar a trabajadores públicos a colaborar en el referéndum
de octubre.
La fianza de cinco millones
se notificará a los 11 altos cargos el 25 de septiembre, seis días antes del 1
de octubre.