Los abogados defensores han argumentado vulneración de derechos fundamentales, detenciones ilegales, intervención de las comunicaciones telefónicas, derecho a la intimidad y vulneración del derecho de defensa.
En la primera sesión de este juicio, dedicada a cuestiones previas, la Fiscalía ha solicitado la declaración como testigo de Juan Carlos Rincón, trabajador de Orange Market en "la primer época", en 2005, que podría aportar información relevante respecto a la organización de la presencia de la Comunitat en Fitur.
En este proceso, una de las seis piezas abiertas por financiación ilegal del PP valenciano, se juzgan delitos de por delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias que supuestamente se produjeron en el proceso de contratación de la Generalitat con Orange Market.
Se sientan en el banquillo dos exconselleras durante el gobierno de Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo, condenado por la causa de los trajes, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción; Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT.
También los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, junto a las empleadas de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños.
El abogado defensor de Francisco Correa y Cándido Herrero ha planteado inicialmente la nulidad, a la que se han adherido el resto de las defensas, por las detenciones ordenadas por Baltasar Garzón, que excedieron, según ha denunciado las 72 horas, y determinados autos que autorizaron la intervención de teléfonos, entre ellos varios del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Este letrado de la defensa ha citado el caso Blasco, enjuiciado en este mismo tribunal, para solicitar que, a diferencia que en aquella ocasión, las cuestiones de nulidad sean resueltas de forma previa, por afectar a derechos fundamentales.