La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica perseguida en España, al considerarse una operación que atenta contra la integridad de las mujeres. También se conoce como ablación del clítoris, aunque la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de este término.
La ley española contempla en el artículo 149 del Código Penal, la pena de entre seis y 12 años de cárcel a cualquier persona que practique una MGF a otra persona dentro del país.
Si la víctima fuera menor de edad o tuviera una discapacidad por la que necesite de especial protección, el juez puede estimar la retirada de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de tiempo por un período de entre cuatro y 10 años.
La mutilación genital femenina como delito quedó tipificada mediante la Ley Orgánica 11/2003, y fue publicada en el B.O.E. del 30 de septiembre de ese mismo año.
Otra modificación del Código Penal se introdujo con la L.O. 3/2005 de 8 de julio, que reformaba la L.O. de 6/1985 de 1 de julio. Con esta modificación, los jueces pueden perseguir también a aquellas personas residentes en España que viajan fuera de nuestras fronteras específicamente para realizar esta práctica.
Un problema difícil de gestionar
A pesar de la legislación existente contra las prácticas de mutilación en España, esta aún se practica en nuestro país.
La Fundación Kirira, afincada en Tomelloso (Ciudad Real) es una de las organizaciones dedicadas a la concienciación sobre el delito y al apoyo y educación de mujeres afectadas. El trabajo de la Fundación consiste en ayuda a mujeres mutiladas y a la localización de mujeres y niñas en riesgo de sufrirla dentro de nuestro país. Fuera de nuestras fronteras, la acción se centra en el rescate en tres comunidades en África: en Kenia cerca de Somalia, Tanzania y Etiopía.
Sus proyectos también se dirigen a comunidades en las que no existe conciencia de que la mutilación se considera violencia de género en nuestro país. Estrella Giménez, coordinadora de la Fundación Kirira, explica que no se pueden tener datos exactos sobre esta práctica en España debido precisamente a ese carácter íntimo de las costumbres. Al tratarlo como un tabú, se impide la comunicación fuera de los límites familiares. Así, los datos y estadísticas ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud son "estimaciones, nunca cifras reales" de afectadas.
¿Qué se considera MGF?
Se considera mutilación genital femenina a la eliminación parcial o total del tejido de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Normalmente, en la ejecución de esta práctica intervienen razones de tipo religioso o cultural, cuyo único objetivo es eliminar el placer sexual de la mujer.
La OMS recoge cuatro tipos de MGF, dependiendo del nivel de lesión provocado:
Tipo I o clitoridectomía: consiste en la resección parcial del clítoris o el prepucio.
Tipo II o excisión: se refiere a la resección del clítoris y la extirpación de los labios menores, y en algunos casos también de los labios mayores.
Tipo III o infibulación: hace referencia al estrechamiento vaginal, mediante la sección y recolocación de los labios menores y mayores.
Tipo IV: cualquier otra práctica que lesione los genitales femeninos sin fines médicos, como la cauterización, el raspado, la incisión o la perforación.
La OMS advierte de que estas operaciones quirúrgicas no suponen ningún beneficio para la mujer, sino solo daños. De manera inmediata, puede provocar hemorragias graves e incluso la muerte, mientras que a largo plazo las consecuencias pueden ser nefastas, provocando complicaciones en los embarazos.
Penalización a nivel mundial
Muchos países en todo el mundo han decidido desde hace años confrontar esta lacra desde sus códigos penales. Sin embargo, aún debemos lamentar casos como el reciente fallecimiento de una niña de 12 años en Egipto, a la que se practicó una ablación sin anestesia. Sus padres y el médico retirado que llevó a cabo la operación fueron detenidos.
Aunque también se persigue como delito desde 2008, el país del Nilo encabeza la lista mundial de prácticas de ablación, según las estimaciones de la OMS. Otros países han comenzado a abrir los ojos frente a esa práctica, como hiciera Sierra Leona a principios del año pasado.